por Antonio Claros | Sep 19, 2024 | Tribuna de opinion
Las autoridades del Ejército Nacional confirmaron el hallazgo y destrucción de 280 minas antipersonal en el municipio de Los Andes, departamento de Nariño.
Estas minas, que pertenecían al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) E. Franco Benavides, según informó el Ejército, estaban destinadas a perpetrar ataques contra la población civil y la Fuerza Pública en la región.
La operación fue realizada por unidades del Ejército este jueves, quienes lograron neutralizar los artefactos explosivos.
Además, este miércoles, el Batallón de Ingenieros del Ejército de Desminado Humanitario Nº 6 también llevó a cabo una operación en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, en un área contaminada de explosivos.
“Más de 5000 personas en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, se beneficiaron con el despeje de área de 73.758 m², contaminados con artefactos explosivos”, señaló el Ejército.
En todo el territorio colombiano, las fuerzas de desminado humanitario han destruido más de 7.300 minas antipersonal desde el inicio de estas operaciones en 2004, según las estadísticas de Desminado Humanitario a corte de julio de 2024.
En Antioquia, las operaciones de desminado humanitario han despejado 3.873.093 metros cuadrados de minas, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
De los 125 municipios que conforman el departamento, 43 ya están libres de sospecha de minas antipersonal, mientras que otros 48 no tienen afectación y 20 están en intervención activa. Aún restan 14 municipios por priorizar, de acuerdo con el Ejército Nacional.
por Antonio Claros | Sep 11, 2024 | Tribuna de opinion
En conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud lanzó la campaña nacional #PodemosHablar junto con entidades públicas y privadas, gremios, instituciones educativas y líderes comunitarios. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar y promover el diálogo sobre la salud mental y la prevención del suicidio en el país
La estrategia busca llamar la atención sobre esta problemática, promover la conversación sobre los factores que pueden llevar a una persona a considerar quitarse la vida y proporcionar información sobre los mecanismos de apoyo disponibles.
En ese sentido, la iniciativa enfatiza que el suicidio y la salud mental no deben ser tratados como asuntos individuales, sino como temas colectivos que requieren del compromiso de toda la sociedad.
Sobre esto, el ministro Guillermo Jaramillo manifestó que “queremos invitar a todos los colombianos a dialogar sobre los condicionantes que hacen que una persona piense en el suicidio y a reconocer que esta es una cuestión que nos afecta a todos”.
#PodemosHablar es una estrategia que se enmarca en el proceso de actualización de la Política Pública de Salud Mental que el ministerio ha trabajado en diversos encuentros desde 2023. Dicha política sería entregada en octubre de este año y se espera que incorpore observaciones y propuestas provenientes de encuentros en diversas regiones del país.
La campaña subraya la importancia de comprender las diferencias en la experiencia del sufrimiento emocional entre mujeres y hombres y cómo las presiones sociales y estereotipos de género pueden afectar la búsqueda de ayuda. Al respecto, el ministerio aseguró que promover espacios seguros para la expresión emocional y validar las experiencias de todas las personas es crucial para prevenir el suicidio.
Por otro lado, la cartera de salud hizo un llamado a las alcaldías y gobernaciones a establecer líneas de teleorientación en salud mental. Para llevarlo a cabo, deben solicitar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones la asignación y enrutamiento para la cobertura de la línea gratuita 106 “Línea de ayuda, intervención psicosocial y/o soporte en situaciones de crisis”.
El Ministerio de Salud señaló que entre 2018 y 2022, los jóvenes han presentado el mayor porcentaje de intentos de suicidio en Colombia, siendo los adolescentes de 10 a 14 años la población con mayor riesgo.
Entre tanto, las cifras señalan que en ese mismo periodo de tiempo se reportaron 139.892 casos de intento de suicidio, de los cuales el 64 % fueron protagonizados por mujeres.
De igual manera, mostró que el 19 % de estudiantes de colegios afirman ser víctimas de acoso escolar de forma recurrente y el 4 % dice sufrir este acoso ininterrumpidamente.
Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el suicidio es un problema importante de salud pública con consecuencias sociales, emocionales y económicas de gran alcance”. El organismo calcula que, actualmente, se documentan más de 703.000 suicidios al año en todo el mundo, lo que significa un caso cada 40 segundos.
Desde que la OMS declaró al covid-19 como una pandemia en marzo de 2020, se ha registrado un alarmante incremento en el número de individuos que experimentan pérdida, sufrimiento y estrés.
por Antonio Claros | Sep 4, 2024 | Tribuna de opinion
Se acabó la incertidumbre alrededor de la expedición de pasaportes en el país. O por lo menos en el corto plazo. Este martes, finalmente se conoció que el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo para que la compañía Thomas Greg & Sons continúe con la fabricación de los documentos hasta septiembre de 2025. Asimismo, y de manera paralela, una empresa de Portugal será capacitada para que asuma las funciones de Thomas Greg una vez finalice esta nueva prórroga.
La urgencia no era menor. En 30 días vencía el contrato con el actual fabricante, por lo que se desconocía qué iba a pasar con los documentos, mientras el Gobierno hacía anuncios improvisados sobre la llegada de aliados extranjeros.
¿Cómo será el proceso?
Según el documento del acuerdo, la Cancillería señala que un Gobierno extranjero iniciará la producción de libretas de pasaportes durante 10 años, en una planta ubicada en Colombia y describe tres fases. Se trata de Portugal, según lo confirmó el propio canciller Luis Gilberto Murillo en medio de un debate de control político en el Congreso.
Murillo sostuvo que el servicio de expedición de los pasaportes “está garantizado” y que la ciudadanía “puede estar tranquila”. El canciller reconoció que “no está lista la Imprenta Nacional. Hay que fortalecerla. Ese proceso inicia el 3 de octubre. Se le dejará infraestructura al país. Escogimos la propuesta que presentó el Gobierno de Portugal porque es la más adecuada para lo que queremos hacer”.
Pero antes de eso, la fase 1 denominada “aseguramiento del servicio” contempla “el modelo actual contempla nueve (9) procesos, de los cuales siete (7) están a cargo de operadores privados y dos (2) a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Esta fase es la que va hasta el 31 de agosto de 2025.
En la fase 2 nombrada como “empalme de modelo híbrido”, el Ministerio de relaciones Exteriores “asume directamente la Formalización y Captura de Data, así como los demás 5 procesos asociados a la atención. En esta fase de Empalme, el Ministerio de Relaciones Exteriores contará con un operador privado exclusivamente para la producción y personalización de pasaportes. Implementación del Pasaporte en Línea. Nueva plataforma de agendamiento de citas. En esta fase de empalme, el Gobierno Colombiano recibirá el paquete de cooperación del Gobierno Extranjero (sic)”, dice el documento.
En la fase 3, nombrada como “vigencia plena”, el Estado colombiano asume “los procesos asociados a la atención, formalización y captura de data, personalización y control de calidad con las capacidades instaladas producto de la fase de empalme y el acompañamiento y transferencia de capacidades y tecnología del Gobierno”. Es decir, que una vez cumplido el plazo, Portugal donará la infraestructura al Gobierno colombiano.
“En 10 años se le entrega esta planta totalmente a la Imprenta. Si este modelo se hubiese implementado antes, en 20 años que tenemos de inversión, ya tendríamos una planta que no tenemos, porque no le dan autonomía al Estado”, explicó el canciller Murillo en el Congreso.
El plan del Gobierno era dejar la fabricación de los pasaportes a la Imprenta Nacional; sin embargo, a pocos días de la transición, la Cancillería reconoció que esa entidad no estaba lista para asumir tales funciones.
En ese momento se desató una controversia que dejó al descubierto la falta de planificación del Gobierno. Entonces, se produjeron los acercamientos y los acuerdos con Thomas Greg, compañía que, hoy por hoy, está ad portas de ganarle un pleito a la Nación por 117 mil millones de pesos.
¿Y la demanda?
Justamente, a pesar de la prórroga del contrato, no se sabe aún qué pasará con la demanda de esa empresa al Estado colombiano. De hecho, este mismo año, según reveló el periodista Daniel Coronell, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió “anunciar que en este asunto se proferirá sentencia anticipada”. ¿Cuándo se puede proferir una sentencia anticipada? En los casos en los que no haya necesidad de pruebas o las solicitadas sean impertinentes, inconducentes e inútiles, según la ley.
Desde hace más de 40 años, Thomas Greg tiene concentrado el negocio de la expedición y fabricación de pasaportes en el país. En 2023, el entonces canciller, Álvaro Leyva, advirtió sobre supuestos favorecimientos hacia la compañía, por lo que decidió abrir un proceso de licitación para dar la oportunidad a otros contratistas.
Esa licitación, pese a que más de 16 empresas se presentaron, la ganó Thomas Greg, lo que motivó a que Leyva, de manera unilateral, declarara desierta la licitación. Ese hecho fue el que motivó la demanda contra la Nación, a pesar de las advertencias de la entonces directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Zamora. Thomas Greg alegó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pago de una indemnización por los cuatro años en que dejaría de recibir ingresos al haber quedado por fuera del negocio, sin argumentos fácticos, jurídicos y técnicos en su contra.
Sin embargo, es importante decir que Thomas Greg no es la única empresa que está en capacidad de brindar ese servicio. Se conoció y reveló que desde hace varios meses la empresa colombiana Cadena S.A., ha enviado al menos 10 cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores, en las que ponen a disposición su capacidad técnica, económica, y experiencia para participar en el proceso, garantizando continuidad en la prestación del servicio, como inicialmente se creyó que solo Thomas Greg podía hacerlo.
En cualquier caso, lo cierto es que la prórroga que plantea el Gobierno terminó cobrando la cabeza de dos altos funcionarios como el excanciller Leyva y la exdirectora Zamora, pero también reveló la improvisación del Gobierno frente a la pretensión de cambiar algo que funcionaba sin tener a la mano una solución aterrizada como reemplazo.
por Antonio Claros | Ago 26, 2024 | Tribuna de opinion
El nombre de Inocencio Meléndez está fijado como sobre cemento en la historia de Bogotá. Algunos aún lo recuerdan porque protagonizó las portadas de la prensa durante años, sin exagerar. Meléndez era el subsecretario técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cuando en la administración de Samuel Moreno se contrataba la troncal de TransMilenio por la calle 26. Los contratistas eran los Nule, primos y familiares que elaboraron uno de los entramados más memorables de la historia de la corrupción en Colombia. Meléndez era un abogado brillante que se formó en Bogotá tras llegar de los Montes de María, en Sucre, para estudiar y encontrar oportunidades. Un voraz lector de la teoría del derecho y las sanciones disciplinarias que rápidamente ganó reconocimiento académico y como autor de libros académicos.
Hasta que hubo un incumplimiento de los Nule en la obra de la 26. A partir de allí, la historia de Meléndez pasó de ser la de un lector incansable con una carrera prometedora, a la del testigo estrella contra uno de los políticos más poderosos del país, nieto de un presidente, y no cualquiera: de Gustavo Rojas Pinilla, el militar que gobernó a Colombia en la década del 50.
Samuel Moreno Rojas inició su calvario con las declaraciones de Meléndez. Pasó buena parte de su vida en la cárcel y su historia terminó en una repentina muerte en 2023 en la ciudad que le cumplió sus sueños y sus pesadillas. Los Nule, los contratistas —entre ellos Emilio Tapia— y los funcionarios que recibieron coimas a cambio de facilitar los multimillonarios contratos al grupo, temblaban cada vez que Meléndez se paraba ante los estrados de la Corte Suprema y de la Fiscalía para declarar. Él fue el primer condenado luego de lograr un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos por la firma de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y sin estudios. Lo sabía todo de la historia de corrupción, en la que participó, y lo contó todo también a la justicia.
Tras cuatro años de prisión, de una condena de siete, Meléndez recuperó su libertad en 2015 por buen comportamiento y adelantar estudios. En 2021 fue mencionada en el escándalo de Centros Poblados porque su nombre aparecía como destinatario de un correo de Emilio Tapia. Él explicó que estaba prestando sus servicios jurídicos en asuntos disciplinarios luego de pagar su condena y que lo habían consultado con ese propósito. Pero su verdadero resurgimiento es hasta ahora con el actual gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo.
Se conoció un proceso de contratación que la Gobernación firmó el pasado 16 de agosto con la firma jurídica de Meléndez IRM Consultoría contractual por 1.500 millones de pesos por 4 meses, para ejecutarlo en 75 días hábiles, es decir, equivale a 20 millones de pesos por día.
El objeto del contrato es “la prestación de servicios profesionales de acompañamiento y apoyo para la revisión y análisis de los componentes jurídico, técnico, operativo y financiero de las etapas precontractual, celebración y de ejecución del contrato de concesión portuaria No 189, celebrado el 05 de noviembre de 2004, entre la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como entidad contratante y la sociedad portuaria San Andrés Port Society S.A”. Aunque no se ha firmado, todo está listo para que se dé.
La familia Gallardo tiene una larga historia de propiedades y relevancia en la isla. De acuerdo con un documento de la Gobernación conocido por este periódico, los tíos del gobernador Gallardo son propietarios de un muelle llamado Toninos, por el que en varios casos ante tribunales los funcionarios y el propio mandatario local se han tenido que declarar impedidos en una controversia jurídica con el hotel Sirenis por los límites de una playa.
El contrato pretende revisar la concesión que le entregó la Gobernación a la San Andrés Port Society en 2004 por 20 años. Esto para revisar si hay lugar a alguna reclamación por las etapas originarias del contrato y de su ejecución. Pero la historia tiene un desenlace y punto de giro adicional. Otro documento clave encontrado por este diario señala que en 2017 Emilio Tapia hacía parte de la junta de socios de San Andrés Port Society y le correspondían unos dividendos por cobrar de 2007 a 2017. Extrañamente, los caminos de Meléndez se encontraron en la historia del carrusel, Centros Poblados, y ahora en el puerto principal de San Andrés.
Aunque Inocencio Meléndez no es el representante legal de IRM y no aparece en el Registro Mercantil (allí firma su hermana Celidet Meléndez Julio como presidente y suplente del presidente) está claro que quien está detrás de la consultora es el abogado extestigo del carrusel. La página web de la empresa lo menciona como director jurídico y allí publicita todos sus libros jurídicos para la venta. La imagen del perfil de Whatsapp de Meléndez, buscado por este diario, es una fotografía que dice: 10 años grupo IRM consultoría contractual.
El abogado ha asegurado que luego de pagar su condena lo único que sabe hacer es el litigio y a eso se dedica tras cumplir con la justicia. Sin embargo, fuentes dentro de la Isla aseguran que el valor del contrato podría ser exagerado para el objeto con el que se buscó y también hablan de relaciones del gobernador con Tapia, responsable de todo el caso Centros Poblados en el que participó a través de empresas fantasma y se ganó un contrato por un billón de pesos con una garantía bancaria falsa del Banco Itaú. Nadie explica por qué el nombre de Tapia aparece otra vez relacionado en la sociedad portuaria.
La isla tiene numerosos problemas que no han sido resueltos, varios de ellos exacerbados tras el paso del huracán Iota. En los últimos meses, el sector turismo expuso una caída perjudicial de los viajes y la ocupación. Pero además preocupan la inseguridad por la actividad de bandas criminales, la sobrepoblación, el uso de su territorio para el tráfico ilegal de migrantes. Y, según varios habitantes consultados, la corrupción.
Mientras tanto, los habitantes de San Andrés se preguntan si 1.500 millones para la revisión de un contrato con el puerto, en el que aparece Tapia, no es demasiado dinero en una isla agobiada por otros problemas actuales.
por Antonio Claros | Ago 19, 2024 | Tribuna de opinion
VIVIR PARA VER
O EL DESPRESTIGIO DEL COCO
Cali, 21 de junio de 2024
Por Antonio Claros
Acaban de cumplirse dos años del triunfo en las urnas del presidente Petro.
En un rato de descanso de mis muchas ocupaciones, me he dado a la tarea de examinar el apocalíptico escenario que nos dibujaban los candidatos del uribismo, alias “Fico” (embargado por la Contraloría porque no ha podido justificar ingresos por $9 millones diarios cuando no trabajaba) y Rodolfo Hernández, condenado a 64 meses de prisión por el delito de Celebración Indebida de Contratos, consecuencia del escándalo de corrupción en el manejo del relleno sanitario de El Carrasco en Bucaramanga.
Ellos y la prensa tradicional (El Tiempo, El Colombiano, El Siglo, Revista Semana, Caracol, RCN, La Doble W, Blu radio y demás medios de bolsillo) anunciaron una catástrofe descomunal si Colombia no ofrecía apoyo a sus candidatos.
PARA VERDADES, EL TIEMPO…
Pero no El Tiempo de Bogotá, sino el paso inexorable de los días, que francamente evidencian algo distinto.
Para empezar, el dólar no solo no llegó a $9.000 pesos, sino que redujo su costo en una proporción considerable respecto de la cotización en la que lo dejó el presidente anterior. Para el sábado 6 de agosto de 2022 un dólar equivalía a $ 4.337,28 pesos colombianos y el actual presidente lo ha mantenido alrededor de $3.900.
Tampoco se fueron ni Mario Hernández ni todos los que anunciaron su inmediata partida del país en cuanto ganara el candidato Petro, incluída Marbel. A varios amigos, por cierto, no muy ricos, pero a quienes les pareció muy chic sacar platica a Panamá y a otros paraísos fiscales, les tocó pagar doble comisión por repatriar sus dineritos, para ganancia y satisfacción de los bancos que se beneficiaron con su necedad.
No fue cierto, igualmente, que las Fuerzas Armadas fuesen reemplazadas con guerrilleros. Muy por el contrario, fueron depuradas de aquellos comprometidos con el narcotráfico y con el contrabando, y hoy cumplen la misión para la que fueron originalmente concebidas.
Del mismo modo, ni Colombia se volvió comunista, ni reemplazaron en el sistema de salud a los médicos colombianos por galenos cubanos.
A nadie se le ha expropiado una baldosa y, no solo no hay fuga de capitales, sino que en 2023 la inversión extranjera batió records respecto de décadas anteriores.
Es preciso observar que los representantes de la prensa tradicional (El Tiempo, El Colombiano, El Siglo, Revista Semana, Caracol, RCN, La Doble W, Blu radio y demás medios de bolsillo) mienten, tergiversan, manipulan y, en el mejor de los casos, ocultan la información, pero ejercen su vitanda y ominosa labor en absoluta libertad.
De igual manera, la oposición ha gozado de todas las garantías para hacer su ejercicio, han llevado a cabo cuantas marchas han querido sin que salga el otrora tristemente famoso ESMAD a disparar, a matar y a dejar ciegos a los manifestantes, y no se conoce un solo caso de personas asesinadas por hacer oposición al gobierno, muy a diferencia del régimen anterior. Y, por supuesto, no se registra un solo caso de falsos positivos, frente a los 6.402 de una presidencia anterior.
Justo es decir que no estamos gobernados por una dictadura y que no ha sido modificada la Constitución en procura de una reelección. Tampoco estamos en manos ni de santeros ni de asesores cubanos, no han sido expropiados ni bancos, ni comercios, ni fincas, ni fábricas, ni medios de comunicación.
Curiosamente, frente a todos los vaticinios, el diario La República reseña que “La economía del país inició el segundo trimestre de 2024 con sorpresiva alza de 5.5%” (Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/la-economia-del-pais-inicio-el-segundo-trimestre-de-2024-con-sorpresiva-alza-de-5-5-3883523).
Y, mientras que el Centro Nacional de Consultoría y demás encuestadoras uribistas afirman reiteradamente que la buena imagen del presidente apenas alcanza un 30%, un estudio efectuado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica -CELAG-, confirma el buen respaldo de que goza el presidente, según encuesta efectuada entre el 27 de mayo y el 16 de junio de 2024 en 25 departamentos.
Y las diferencias se explican porque, mientras que Yanhas y el Centro Nacional de Consultoría examinan muestras en las cuatro grandes ciudades y en algunas capitales de departamento, el CELAG extiende su indagación a pequeños poblados y regiones rurales, a los que ha llegado la inversión pública en cifras que antes no se conocieron.
Es el caso de que en menos de 2 años han sido construidos 100 megacolegios para más de mil estudiantes cada uno en sectores remotos, tales como el Amazonas y 500 colegios más han sido mejorados en poblaciones apartadas del país. Igualmente ocurre con hospitales y centros de salud.
No es gratuito que el expresidente Duque llame desesperadamente a todos los partidos (Conservador, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático) a converger en un candidato único para la próxima elección presidencial. Saben ellos que las encuestas globales no los favorecen en la estimación de sus futuros resultados.
Ya le vamos perdiendo el miedo al “coco” y a los pastorcitos mentirosos.
Y SE PONE UNO A VER… Y VE…
Una curiosidad adicional: mientras que el expresidente Uribe afirma que el presidente Petro está quebrando la economía de los ricos, la revista FORBES (especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, fundada en 1917 por B. C. Forbes) señala que los más ricos de Colombia aumentaron su fortuna en un 77%, con respecto a su patrimonio en 2023. Luego, ¿A quién le creemos?
Adicionalmente, si el país se encuentra en supuestamente tan mala condición, tal como afirman los uribistas, ¿Qué explica que el turismo esté cerca de convertirse en el tercer generador de divisas para Colombia, después del petróleo y el carbón? Son algo más de $32.200 billones de pesos en el año comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2024, según el periódico La República.
Debe añadirse que, a hoy, Colombia registra la más grande cifra de exportaciones agrícolas en 33 años, con casi 2 millones de toneladas. Y que el Banco Mundial calcula que el país incrementará su crecimiento 1.3 % en 2.024 y 3.2 % adicional en 2025, gracias a las políticas fiscales y económicas.
Nada de esto lo han reseñado los medios tradicionales, como tampoco que la inflación lleva 14 meses disminuyendo y que está casi a la mitad de lo que la dejó el gobierno anterior. Tampoco reconocen que las exportaciones a Venezuela han crecido un 36% en abril, mientras que el pasado régimen cerró la frontera en perjuicio de muchos departamentos que tradicionalmente comerciaban con ese país.
No han dicho que el gobierno logró acuerdos con 6 comercializadoras de energía, para bajar los costos a los consumidores de la costa Caribe. De igual forma, no registran que bajó el desempleo en mayo de 2024 y que 123.000 personas consiguieron nuevos empleos. Menos aún han indicado que 800.000 jóvenes tienen hoy acceso gratuito a la educación superior. Y hay que destacar que, entre enero y mayo del presente año, los índices de homicidios disminuyeron en un 23 %, mientras que las masacres disminuyeron un 29 %.
¿CUÁNTO ES 2 DIVIDIDO POR 200?
Es muchísimo lo que resta por hacer. Hay logros importantes, pero no suficientes, en lo referido a la Reforma Agraria y a la entrega de tierras a los campesinos, pero, por sobre todo, a prestarles asesoría, asistencia técnica, maquinaria y capital de trabajo.
Hace muchísima falta superar las divisiones entre los sectores democráticos y conformar una organización de base que ofrezca soporte a un partido o a una coalición de partidos de dichos sectores.
Hace falta, igualmente, formar un funcionariado competente en todos los ámbitos de la administración pública, para atender en debida forma los aspectos misionales por áreas y por puestos de trabajo.
Se requiere superar el tradicional sectarismo y acoger a sectores democráticos que, sin ser estrictamente “petristas”, comparten su apoyo al cambio.
Se requiere de una bancada suficiente en el Congreso, para facilitar el trámite de los desarrollos legislativos que la modernización del país demanda. México y Brasil son ejemplos cercanos de una acertada labor, tanto en lo político como en lo administrativo y en lo legislativo.
Desde la Constitución de Cúcuta proclamada el 30 de agosto de 1821, inicio que fue de nuestra República, han transcurrido casi 203 años. En menos de 2 años (0,01 % de nuestra historia republicana) se perciben avances de importancia, pero lo que falta es mucho en orden a la democratización del país.
por Antonio Claros | Ago 12, 2024 | Tribuna de opinion
Escuchando las mesas de trabajo de algunas emisoras, leyendo algunos periódicos revistas, y oyendo a la oposición ( Ciega y manipulada por los medios de “desinformación” ) queda uno con la sensación de que en Colombia, antes del 7/agosto de 2022, todo era perfecto, vivíamos en un paraíso!
¿En serio?
¿Y los 450.664 asesinatos entre 1985 y 2018?
¿Y los 121.768 desaparecidos?
¿Y los 752.964 desplazados?
¿Y los 6402 falsos positivos?
¿Y los 52 mil secuestrados?
¿Y los 16 mil niños reclutados para la guerra?
¿Y las 6 millones de hectáreas robadas a los campesinos a sangre y fuego?
¿Y Reficar?
¿Y odebrecht?
¿Y Ruta del Sol II?
¿Y Agro Ingreso Seguro?
¿Y los baldíos que se han robado casas presidenciales y clanes familiares regionales?
¿Y la filtración del narcotráfico a campañas y la Fiscalía?
¿Y los jefes paramilitares aplaudidos de pie en la plenaria del Congreso?
¿Y el Cartel de la Toga?
¿Y las Zonas Francas que enriquecieron a los hijos de Uribe?
¿Y los dos Jefes de seguridad de Uribe condenados por narcotráfico?
¿Y la Yidispolítica?
¿Y las Chuzadas y asesinatos del DAS?
¿Y los más de 200 jóvenes sin ojos desde la creación del ESMAD?
¿Y los billones que extraviaron y desviaron las EPS?
¿Y los 70.000 millones abudineados?
¿Y los 500 mil millones que Congresistas y miembros del gobierno Duque se robaron del fondo para la paz?
¿Y los exmilitares colombianos asesinando al presidente de Haití?
¿Y la ñenepolítica?
¿Y la escandalosa compra de votos descubierta con la Merlanopolítica?
¿ La venta de las Empresas Estatales como el Seguro Social, Caja Agraria, Telecom, Banco Popular, Banco Central Hipotecario, Bancolombia, ETB, Carbocol, Electrocosta, Terpel, Electricaribe, Promigas, Isagen
Y un larguísimo etcétera….Dónde quedó la Plata de la venta de esas Empresas ?
RT ¿En serio, queridos periodistas y desquiciados opositores, antes del 7 de agosto de 2022 esta patria envilecida, saqueada y violentada a más no poder, por los verdugos de la nación que hoy posan de indignados, era un paraíso?
¿En serio Petro está acabando con ese bello paraíso que acabo de describir?
