por Antonio Claros | Jun 19, 2024 | Tribuna de opinion
El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Chamorro Acosta (alias “Antonio García”), reveló que era organización guerrillera adelantó su VI Congreso Nacional porque “el Gobierno lo quería torpedear”.
En una entrevista para varias emisoras y portales de internet insurgentes, expresó que si bien el congreso se había anunciado para el segundo semestre del año, decidieron adelantarlo (culminó el pasado fin de semana) para demostrar que tienen “decisión de vencer y libertad de acción”.
En palabras de “Antonio García”, desde el Gobierno Nacional y los organismos de inteligencia “pretendían neutralizar al ELN, hicieron público que próximamente sería ese congreso, tratando de manifestarle al mundo que tenían control sobre los movimientos del ELN. Trataron de torpedear el evento, querían constreñir un evento en el que se tomarían decisiones políticas, para que fueran en la dirección que quieren ellos, que el ELN está dispuesto a desarmarse como una política de paz”.
Los congresos nacionales son la máxima instancia que tiene esa estructura para tomar las decisiones que fijan su rumbo. En sus 60 años de existencia, solamente se han realizado seis, lo que demuestra la transcendencia que los rebeldes le dan.
Allí participan delegados de su Comando Central (Coce), Dirección Nacional, de los ocho Frentes de Guerra y de todas las subestructuras en las que se divide su jerarquía.
Este año había expectativa por lo que sucedería con el frente Comuneros del Sur, que delinque en Nariño, ya que este había desobedecido las órdenes del Comando Central para participar en unos diálogos regionales promovidos por el Gobierno.
Según “Antonio García”, ese frente participó en el congreso. “Lo que acontece en Nariño es una operación de inteligencia que adelantaron las fuerzas militares con el visto bueno del actual Gobierno, que pretendía generar unos golpes contra la comandancia del ELN a través de un grupo de infiltrados. Al descubrirlos, el Gobierno buscó protegerlos mediante un falso puesto de paz regional, para sacar réditos políticos y engañar a la opinión diciendo que el ELN está dividido”, dijo el jefe subversivo.
Durante el Congreso, los guerrilleros ratificaron la comandancia de Chamorro y su intención de continuar en los diálogos de paz, aunque estén en crisis y actualmente congelados.
Aunque no lo mencionó directamente en la entrevista, una de las situaciones que se trató en el congreso es el apoyo que el ELN le daría a la eventual convocatoria de una asamblea constituyente, tal cual la promueve hace varias semanas el presidente Gustavo Petro.
“El triunfo del pacto histórico en las elecciones del 2022 obedece a las expectativas de cambio que se expresaron en el estallido social los últimos cuatro o cinco años, donde la sociedad colombiana aspira a que haya transformaciones. Pero a dos años, vemos que no es viable que las transformaciones se den por esa vía reformista, el sistema político y el Estado con sus clases dominantes bloquean e impiden las aspiraciones de transformación, por eso las reformas no están siendo viables en el marco del actual sistema parlamentario del régimen político”, dijo Chamorro.
Añadió que “por lo tanto, se requiere que hayan esfuerzos que llamen a la unidad, a la unificación de fuerzas para lograr las transformaciones que el país necesita (…). En cuanto a la paz, hay una decisión de caminar hacia un acuerdo en el que la sociedad participe en las decisiones que se requieren para que Colombia sea más democrática”.
“Antonio García” explicó que “en el sexto congreso se decidieron unas políticas para la paz, para la guerra y para la revolución (…). Actuaremos en correspondencia con este Gobierno en la búsqueda de la paz; responderemos también sin nos atacan, porque tenemos derecho a la defensa; y siempre estaremos en función de la revolución de los cambios, apoyando y participando en las movilizaciones que el pueblo convoque para buscar las transformaciones”.
por Antonio Claros | Jun 12, 2024 | Tribuna de opinion
Desde Suecia, en una visita presidencial en Europa que continuará en Suiza, el presidente Gustavo Petro se pronunció a los hechos de terrorismo que ocurrieron en la mañana de este miércoles en Jamundí, tras la explosión de una moto bomba que dejó dos policías y dos civiles heridos.
“La EMC del Cauca y el Valle vuelven a hacer lo que saben hacer: Matar gente humilde del pueblo. Su camino la codicia para lo cual no les importa la destrucción de las comunidades. El EMC es una fuerza hostil al pueblo. El Ejército debe culminar la ofensiva en el cañón del Micay”, señaló el jefe de Estado en la red social
Llama la atención la orden al Ejército sobre la culminación de la ofensiva en el cañón del Micay. Se trata de una de las zonas en disputa entre las disidencias de Iván Mordisco y el Ejército, además de otros grupos armados que hacen presencia en la zona.
El atentado en Jamundí sería la respuesta de ese grupo criminal, con el que no hay mesa de diálogos, ante la ofensiva de las Fuerzas Militares. Hace un par de semanas, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunciaron mayor presencia de la Fuerza Pública, más acciones de inteligencia militar y de Policía y reforzamiento de las estaciones de Policía en los municipios del departamento del Cauca y Valle del Cauca.
“No es por una debilidad de nuestras Fuerzas Militares y de Policía sino debido a las acciones que se adelantan en el departamento después de la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central”, agregó Velásquez en su momento.
¿Qué hace el presidente Petro en Suecia y Suiza?
El presidente Petro participará en la conferencia de paz sobre Ucrania, organizada por Suiza. Además, Petro también realizará una visita oficial a Suecia antes de dirigirse a la conferencia.
Mientras el jefe de Estado está por fuera del país desde el 11 hasta el 17 de junio, se estableció que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asuma las responsabilidades presidenciales hasta que Petro finalice su agenda en Europa.
por Antonio Claros | Jun 6, 2024 | Tribuna de opinion
Sneyder Pinilla y Olmedo López volvieron a agitar la conversación sobre los hechos de corrupción en el mega escándalo de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El primero llegó con un chaleco antibalas por encima de su traje a la Corte Suprema de Justicia en un voluminoso esquema de seguridad y al lado de su abogado, el exfiscal condenado Luis Gustavo Moreno. El segundo estuvo nueve horas declarando en la Fiscalía, a la que por fin le entregó las pruebas documentales que tiene para acompañar sus dichos. El abogado de López, José Luis Moreno y hermanastro del anterior, dijo que su cliente entregó 200 folios entre los que se encuentran chats, pruebas de georeferenciación, trazabilidad de dinero, documentos de reuniones y otros elementos.
Ambos se ratificaron en sus señalamientos contra los congresistas que han mencionado hasta ahora y aseguraron que también aportarán estas pruebas a la Corte en las próximas semanas. Lo que se viene para congresistas, ministros y altos funcionarios tras esta primera colaboración podría no tener revés.
Aunque Pinilla y López tuvieron el mismo día una agenda de declaraciones paralela, hubo una frase del exsubdirector de la UNGRD que también se convierte en un punto de giro en la historia.
“Hoy vengo a cumplirle la cita a la justicia, no me estoy escondiendo absolutamente de nadie y vuelvo a pedirle perdón al país, a mi familia, mis padres, mis hijos y mi hogar, porque lo que hicimos estuvo mal. Hice parte de una estructura criminal, en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese doctor Andrés, cuando se lo entregué directamente en su apartamento en Montería. Y al doctor Iván Name, a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. Dos días doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas. Yo no estoy en ningún tape y tape. Y fui el primero en levantar la mano. Si no es porque yo levanto la mano, absolutamente nadie estaría involucrado en este proceso. Por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica y voy a entregar absolutamente todo con lo que me he quedado”, señaló.
Esa fue su declaración inicial. Pero al salir de la Corte, y aclararle al magistrado investigador de la Sala de Instrucción que su compromiso inicial es con la Fiscalía, tal como lo hizo López la semana pasada, Pinilla dio una frase sobre su exjefe que denota una división de ambos y que podría también significar una competencia en la estrategia legal de los hermanos Moreno.
“Estamos inmersos en un principio de oportunidad. La diligencia se aplazó para el día 5 de julio a las 9 e la mañana (sic). Ese día esperaremos ya tener finiquitado el principio de oportunidad y daré todas las pruebas y el testimonio completo de lo que sucedió. El doctor Calle, el doctor Iván Name, la doctora Sandra Ortiz y el doctor Olmedo López van a tener mucho que explicarle al país”, agregó.
Hasta ahora no era claro que hubiese una distancia entre Pinilla y López. Es cierto que el primero que salió a los medios a hablar y entregó chats sobre sus conversaciones con congresistas fue Sneyder Pinilla, oriundo de Sabana de Torres (Santander), y en donde varios de los recursos millonarios de la UNGRD fueron a parar. Pinilla fue el que acataba las órdenes de López, quien a su vez las recibía de un supuesto cónclave compuesto por altos funcionarios en los que estarían el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, según dijo el propio Olmedo, faltando dos nombres más por ser expuestos.
Pero la frase de Pinilla revelaría que este también podría convertirse en un testigo contra su exjefe, de quien tendría información más allá de lo que conoce la opinión pública. El ministro Velasco dijo a medios que López, a quien se refirió como “el raterito de la UNGRD”, deberá explicar contratos millonarios para los jagüeyes (unos pozos de agua artesanales) en La Uribia, La Guajira, además de los carrotanques.
López, por su parte permaneció en silencio y con las manos atrás en su recorrido por el búnker de la Fiscalía, a pesar de las incisivas preguntas de los periodistas. Se le vio calmado y su permanencia en el ente acusador fue de casi 10 horas. Con esa primera colaboración, la Fiscalía deberá definir si le otorga a ambos el principio de oportunidad y empieza la investigación independiente con el fin de corroborar los hechos y avanzar en otras definiciones.
Aunque el escándalo promete un impacto más grande del que ha tenido hasta ahora para el Gobierno, la única cabeza que ha cobrado para el Ejecutivo es la de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.Las pruebas de Olmedo LópezLópez entregó un portafolio con pruebas en donde se encuentran los nombres de otros altos funcionarios, ministros y congresistas en el mega escándalo de corrupción que, según su versión a los medios de comunicación, es de alrededor de 380.000 millones de pesos.
Los nombres que fueron ratificados en las acusaciones son los de Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes e Iván Name, presidente del Senado, quien, a pesar de los señalamientos, acaba de tener una audiencia con el Papa Francisco en Roma. La otra expuesta a quien el presidente sí le pidió la renuncia fue la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, del Partido Verde y cercana a Carlos Ramón González y a Name. Según la versión de Pinilla, la supuesta entrega de 3.000 millones de pesos a la exconsejera se tardó dos días y él mismo la realizó.
por Antonio Claros | May 29, 2024 | Tribuna de opinion
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) expresó su “profunda preocupación” por la crisis actual que afectan a los pacientes con enfermedades huérfanas en el país.
En un comunicado de prensa, la federación señaló que la situación “obedece a la insuficiencia de los recursos necesarios para responder adecuadamente a las demandas del sistema de salud”. Sobre esto, señalan que la deuda acumulada asciende a $1,5 billones.
Sobre la decisión de Sura de solicitarle a la Superintendencia de Salud su desmonte progresivo para salir del sistema, Foceor señala que es la EPS que más afiliados con enfermedades raras tiene en el país, “con aproximadamente el 21 % de las personas que viven con estas condiciones”.
Al respecto, el gremio sostuvo que esto “genera una gran preocupación e incertidumbre en 18.010 personas que viven con enfermedades raras y sus familias” y advirtió que los efectos del anuncio “pone en riesgo el manejo integral y multidisciplinario de sus condiciones, así como sus vidas, en caso de no darse una transición adecuada y sin interrupciones en sus tratamientos”.
Por otro lado, Fecoer expresó que la preocupación de estos pacientes se suma a la de otras 39.064 afiliadas a siete EPS que fueron intervenidas por el Gobierno. Nueva EPS, que tiene 13.087; Sanitas, que tiene 13.383; Servicio Occidental de Salud (SOS), que tiene 2.751; Famisanar, que tiene 4.752; Emssanar, que tiene 1.475; Asmet Salud, que tiene 1.801; Savia Salud, que tiene 1.815, y Compensar con 5.819.
“La combinación de estas situaciones crea un panorama crítico para más de 57.074 pacientes, quienes dependen de una atención médica continua y especializada”, dice el comunicado de Fecoer.
Entre tanto, recordó que la Federación Colombiana de Enfermedades Raras “ha trabajado de forma estructurada y unificada en las necesidades de los afectados” por esas dolencias en el “contexto social, político y económico colombiano”.
El pronunciamiento de Fecoer añadió que “es imperativo que el Gobierno nacional emprenda acciones inmediatas y genere consensos con todos los actores del sector para garantizar la suficiencia de recursos para el sistema de salud, el giro oportuno de los mismos y la puesta en marcha de estrategias innovadoras de financiamiento”.
Finalmente, exhortó a las autoridades y actores del sistema de salud a actuar con celeridad y responsabilidad, “entendiendo que detrás de cada cifra hay vidas humanas que dependen de sus decisiones”.
por Antonio Claros | May 22, 2024 | Tribuna de opinion
El presidente Gustavo Petro parece que agotó el combustible político para insistir en una salida dialogada con los disidentes del Estado Mayor Central de las FARC que operan en el surocciodente del país.
El intento de toma guerrillera a la estación de Policía de Morales (Cauca) que dejó cuatro muertos –dos policías y dos civiles– sumado a la detonación de una motobomba en Jamundí (Valle) son los hechos que, parece, rebosaron la paciencia del presidente.
“Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. (…) La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”, dijo Petro cuando conoció la escalada violenta en el suroccidente del país.
El pronunciamiento del jefe de Estado estuvo acompañado con un relevo en la comandancia del Ejército. Sacaron al general Luis Mauricio Ospina para darle entrada al mayor general Luis Emilio Cardozo, un alto mando que el mismo presidente había mandado a retirar.
El Ministerio de Defensa, incluso, reconoció en un comunicado que el enroque en la comandancia ayudará a “fortalecer la seguridad y defensa de la nación”.
La ofensiva militar contra los disidentes del EMC está activa desde el 17 de marzo, cuando el presidente Petro decretó la suspensión regional del cese al fuego en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Desde entonces, la Fuerza Pública ha dado golpes a los ilegales y ha recibido otros.
El 25 de abril, por ejemplo, el Ejército reportó que 15 subversivos fueron abatidos durante un combate en Argelia (Cauca). Sin embargo, los ilegales también han intensificado su accionar criminal con hechos como los registrados en la madrugada de este 20 de mayo en Morales y Jamundí.
“Son permanentes los resultados positivos que se vienen logrando por parte de la Fuerza Pública en contra del autodenominado EMC en Cauca. Su única forma de expresión es recurrir a atentados terroristas, porque no tienen la capacidad para sostener un enfrentamiento con las Fuerzas Militares y de Policía”, señaló el ministro de Defensa, Iván Velásquez en una rueda de prensa.
El último ataque de los disidentes llevó a que se incrementarán los operativos. Durante la noche de ayer, la Tercera División del Ejército reportó confrontaciones contra los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño del EMC en los municipios de Santander de Quilichao y Patía (Cauca).
Durante los combates en Patía, el Ejército reportó la muerte del soldado profesional Pedro Pablo Sánchez. Las consecuencias humanitarias del conflicto en el Cauca no paran
“No se pactará nuevo cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central en el suroccidente del país. Los ataques que ha realizado esta organización criminal contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese”, enfatizó el ministro Velásquez.
¿Se agota el combustible de la Paz Total?
El 27 de agosto de 2022, el recién posesionado presidente Petro abrió –durante su visita a Ituango (Antioquia)– la posibilidad de sentarse en varias mesas de diálogos con distintos grupos armados en el país. Era una propuesta esperanzadora y ambiciosa.
Desde entonces han pasado 90 semanas y los avances de diálogo con los distintos grupos criminales parecen estar estancados. Mientras tanto, la propuesta de Paz Total pierde capital político.
“Solo con el EMC hay una acumulación de hechos que han llevado a que el Gobierno tome posturas de mayor rigidez. Se le está acabando la gasolina política para la paz total y va llegando el momento en el que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase del Gobierno”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.
La pérdida de respaldo a la política de paz del Gobierno se notó el pasado 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.
“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, se leía en la carta de los mandatarios regionales.
Es que los disidentes del EMC aprovecharon el silencio de los fusiles para extender su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.
“(Han) insistido en la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal y del narcotráfico”, señaló Velásquez.
El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que el EMC ha movilizado tropas desde el suroccidente hasta los departamentos de Tolima y Huila.
“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con el EMC y debería levantarlo en Huila y Tolima. En general, se debe revisar la negociación con el EMC como un todo. Esa es una confederación y de ahí creo que no va a salir nada”, señaló Ávila.
La opción de la confrontación parece ser la más clara para el Gobierno ante la ausencia de voluntad de paz de los disidentes.
“Solo con el EMC hay una acumulación de hechos que han llevado a que el Gobierno tome posturas de mayor rigidez. Se le está acabando la gasolina política para la paz total y va llegando el momento en el que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase del Gobierno”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.
La pérdida de respaldo a la política de paz del Gobierno se notó el pasado 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.
“Hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”, se leía en la carta de los mandatarios regionales.
Es que los disidentes del EMC aprovecharon el silencio de los fusiles para extender su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.
“(Han) insistido en la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal y del narcotráfico”, señaló Velásquez.
El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que el EMC ha movilizado tropas desde el suroccidente hasta los departamentos de Tolima y Huila.
“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con el EMC y debería levantarlo en Huila y Tolima. En general, se debe revisar la negociación con el EMC como un todo. Esa es una confederación y de ahí creo que no va a salir nada”, señaló Ávila.
La opción de la confrontación parece ser la más clara para el Gobierno ante la ausencia de voluntad de paz de los disidentes.
por Antonio Claros | May 16, 2024 | Tribuna de opinion
No cesa la controversia ni las reacciones tras la determinación de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que le dio piso al Ministerio de Igualdad y Equidad, advirtiendo que no hubo un correcto análisis de su impacto fiscal. A la espera de un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro o de la vicepresidenta Francia Márquez, sus principales escuderos en el Ejecutivo rechazaron este jueves la decisión.
Una de las primeras en cuestionar el fallo fue la exdirectora de Prosperidad Social y hoy superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien sostuvo que la determinación –así como las decisiones sobre decretos de la declaratoria de emergencia en La Guajira–, dejan “una sensación de confusión y contradicción” frente a la jurisprudencia constitucional.
“En uno de los países más desiguales del mundo, la Corte Constitucional decide tumbar el Ministerio de la Igualdad por un vicio de trámite, a pesar de haber sido parte del programa de gobierno que fue elegido democráticamente por los colombianos. Este fallo y el de La Guajira dejan una sensación de confusión y contradicción con lo que alguna vez fue la jurisprudencia constitucional”, reclamó la funcionaria.
En esa misma línea se pronunció el hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar –uno de los más cercanos al presidente Petro–, quien enumeró otras determinaciones judiciales adversas contra el Gobierno, como el decreto que ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica, el artículo de la reforma tributaria “que cobraba regalías a hidrocarburos” o las sanciones contra varios funcionarios, así como las curules que ha perdido el Pacto Histórico. “Tumban todo lo que huela a justicia social”, dijo.
Por su parte, el exsenador Alexander López Maya, hoy director de Planeación Nacional y uno de los escuderos de la vicepresidenta, dijo no entender la determinación de la Corte. Por ello, defendió que hubo un “seguimiento irrestricto a la normatividad y reglas de la democracia”. Sin embargo, reclamó que se busca destruir “el propósito de un Gobierno elegido legítimamente con el apoyo y respaldo popular”.
“El Ministerio de la Igualdad y Equidad fue creado por este gobierno del pueblo por y para los jóvenes, las mujeres discriminadas, la población afrodescendiente, raizal y palenquera, para los campesinos y en sí, para darle derechos a un país donde el 36,6 % vive en condiciones de pobreza monetaria. Fue un Ministerio creado para nuestro pueblo colombiano que ha vivido el rigor de la guerra, la desigualdad, la miseria, la corrupción y la falta de oportunidades”, destacó
Según el funcionario, hay quienes “de un solo plumazo” quieren “destruir los sueños de un pueblo” y cuestionó qué camino se debe seguir: “Queda en el corazón, en el alma y en la existencia de cada colombiano y colombiana interpretar la realidad que hoy vivimos en nuestro país. Hoy se quiere de un solo plumazo destruir los sueños de un pueblo que ha sido excluido históricamente por quienes habían gobernado el país anteriormente. Colombia, esta es la realidad de nuestro país, ¿qué camino debemos seguir?”.
Aunque de momento no se conoce el fallo completo, la Corte les dio un plazo al Gobierno Nacional y al Congreso para que corrijan los vicios de trámite. Tendrán que hacerlo en las siguientes dos legislaturas, antes de que termine el año 2026, pues a partir de entonces la citada ley perderá sus efectos.
Según la información preliminar conocida por EL COLOMBIANO, el Congreso, durante los debates del articulado de dicha norma, no llevó a cabo un análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio, conforme a las leyes vigentes sobre el presupuesto.
“Esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la Ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023”, expresó la Corte en un boletín informativo.
