por Antonio Claros | Dic 5, 2024 | Tribuna de opinion
El presidente Gustavo Petro confirmó este miércoles que Diego Guevara será el nuevo ministro de Hacienda, luego de la salida de Ricardo Bonilla, quien renunció tras ser salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Guevara venía desempeñándose como viceministro de Hacienda y docente universitario y ha estado detrás de la política económica del país, de la mano del entonces ministro José Antonio Ocampo, y del saliente Ricardo Bonilla.
“Conoce todo el proceso que hemos venido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna y externa”, destacó el presidente Petro.
De acuerdo con el Jefe de Estado, el nuevo ministro también ha “luchado” contra las altas tasas de interés y por disminuir el déficit “que nos dejó el Gobierno pasado”.
¿Quién es Diego Guevera, nuevo ministro de Hacienda de Colombia?
Guevera es doctor en Economía, magister en Ciencias Económicas e ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia.
“En su experiencia laboral se ha destacado como profesor Asociado e investigador en la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Escuela para el Desarrollo, Universidad de La Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía y cambio climático. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Viadrina en Frankfurt (Oder), Alemania”, destaca el Ministerio de Hacienda.
Entre sus áreas de investigación, dice el ministerio, resaltan la financiarización de la economía, la economía postkeynesiana y los modelos macroeconómicos SFC.
¿Por qué se fue Ricardo Bonilla?
Como es de recordar, un extenso mensaje en la cuenta de X (antes, Twitter) del presidente Petro fue la sentencia del capítulo de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda. “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno (…)”.
La polémica alrededor de Bonilla tiene que ver con su mención en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Quienes lo involucran aseguran que tuvo directa relación con la idea de firmar tres contratos por $92.000 millones del presupuesto de la UNGRD para Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Saravena, Arauca. ¿Para qué? Presuntamente, buscaba conseguir votos en comisión interparlamentaria para que se aprobaran unos créditos con la banca internacional, claves en el presupuesto y pago de deudas de la Nación.
por Antonio Claros | Nov 29, 2024 | Tribuna de opinion
En la encuesta Ivamer realizada en noviembre de 2024 se preguntó sobre orden público y se confirmó que el tema de la seguridad en Colombia sigue siendo una preocupación prioritaria para la ciudadanía.
Los datos son claros: mientras la intención del Gobierno de avanzar hacia una Paz Total genera expectativas, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo preocupante y los desafíos en los territorios sigue siendo alarmante, especialmente con el aumento de los grupos al margen de la ley.
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es que el 68% de los encuestados considera que las cosas en materia de seguridad van por el camino equivocado.
Este indicador es leído como el resultado de la dificultad que ha enfrentado el Gobierno para lograr la estrategia de Paz Total. Los constantes enfrentamientos en departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander son uno de los detonantes de dicha percepción, mientras que los procesos de diálogo sin avanzar con los grupos al margen de la ley, tampoco ayudan.
El Gobierno de Petro ha impulsado durante estos años su bandera de la Paz Total, la ambiciosa estrategia que busca negociaciones con actores armados ilegales y transformar las dinámicas de violencia en las regiones más golpeadas por el conflicto. Sin embargo, el informe revela que el 52% de los ciudadanos encuestados no cree que esta iniciativa sea viable en el contexto actual del país.
Otra de las cifras que causa preocupación es la baja confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Según la encuesta Invamer, solo el 35% de los colombianos confía plenamente en las Fuerzas Armadas, mientras que la Policía Nacional recibe una aprobación de apenas el 30%.
El pesimismo ante este tema radica, según analistas, en las inconsistencias y falta de resultados visibles de las negociaciones con grupos como el ELN y disidencias de las FARC, así como las dificultades que se han visto para enfrentar el narcotráfico, sumado al aumento de cultivos ilícitos.
Pese a ello, el 43% de los encuestados aún tiene esperanzas en que el Gobierno pueda lograr avances significativos en el tema. Según analistas, podría lograrse si se fortalecen los mecanismos de diálogo y se replantean las estrategias de control territorial.
Por otro lado, en las principales ciudades, la percepción de inseguridad alcanza niveles preocupantes. Ciudades como Bogotá y Cali reportan los índices más altos de robos y atracos en el último trimestre. Esta situación ha llevado a que el 71% de los encuestados consideren que el gobierno debe tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a la ciudadanía.
Sumado a eso, se reveló que la violencia intrafamiliar y el aumento de delitos como el homicidio y la extorsión son otros de los grandes desafíos. Si bien no se dieron cifras exactas del aumento, se conoce que solo en 2024 se registraron 47.757 casos de violencia intrafamiliar.
Ante este panorama, los expertos coinciden en que el Gobierno necesita dar un nuevo enfoque a su política y destinar recursos a las zonas que actualmente están siendo más vulneradas en temas de seguridad y orden público.
Mientras el debate sobre la Paz Total y los índices de seguridad continúa, lo cierto es que los colombianos dejan ver que quieren un cambio, pues no sienten que haya tranquilidad en el desarrollo de su vida cotidiana.
por Antonio Claros | Nov 21, 2024 | Tribuna de opinion
Los problemas de orden público en Anorí siguen causando zozobra y preocupación. Justamente, en la mañana de este jueves 21 de noviembre, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó un ataque que deja hasta el momento cuatro militares muertos en este municipio del Nordeste de Antioquia.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho también dejó un civil y por lo menos siete soldados más heridos, y aseguró que se trató de un ataque en la vereda La Plancha, donde está uno de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -AETCR- creados en los procesos de reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
De acuerdo con Rendón, dicho atentado se le atribuye a “criminales del ELN, que se sabe delinquen en connivencia con el EMC (disidencias de las Farc)”. Estos son dos de los grupos armados organizados que tienen injerencia en esta zona de Antioquia y que también vienen causando daños y acciones en contra de la población civil, lo que ha generado homicidios, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado de menores de edad.
Fuentes de la fuerza pública confirmaron que el atentado habría sido cometido por integrantes del frente Compañero Tomás del ELN, bajo el mando de alias La Negra Ángela, en compañía de integrantes del frente Héroes y Mártires de Anorí de la misma estructura ilegal, liderado por alias Dilan. Además, informaron que los militares se encontraban en la zona cumpliendo tareas de estabilidad de seguridad cuando fueron atacados con artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil de parte de los integrantes del grupo ilegal.
Desde el Ejército informaron que entre los militares asesinados hay un suboficial y soldados profesionales, mientras que entre los heridos hay también soldados y un oficial. Sobre el civil lesionado se informó que estaba transitando por la zona cuando ocurrió el ataque. No obstante, aún se desconoce la identidad de los fallecidos y el estado actual de los lesionados, aunque habría tres con heridas de gravedad.
“Una vez más estos delincuentes demuestran que no tienen voluntad de paz”, sostuvo el gobernador, quien agregó que el comandante de la Séptima División del Ejército se encuentra al frente de operaciones en esa zona tras lo sucedido. Asimismo, desde la fuerza pública informaron que se hizo requerimiento de apoyo cercano y ayuda para extraer a las personas fallecidas, así como a las heridas, y que se ordenó el alistamiento de dos pelotones para ingresar el área y estabilizar el territorio.
Solo un día antes, este miércoles 20 de noviembre, a Anorí llegó un contingente de más de 200 soldados que fue desplegado tras el recrudecimiento de los combates entre varios grupos armados que se disputan esa zona estratégica del departamento. De acuerdo con datos entregados por la Defensoría del Pueblo el pasado lunes 18 de noviembre, se calculaba que por lo menos 88 familias de ese municipio habían tenido que huir de sus hogares por cuenta de la volátil situación de orden público.
En días recientes, armados del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EHC) viene disputándose con el ELN y las disidencias de las Farc (en Antioquia, Estado Mayor Central) el control de esa franja del territorio antioqueño.
Los uniformados, integrantes de la Décima Cuarta Brigada, iniciaron operaciones desde el pasado martes en la vereda Los Trozos, en donde buscan resguardar a la población civil y evitar que esta quede en medio del fuego cruzado. Según las Fuerzas Militares, dichos choques estarían motivados por controlar actividades como la minería ilegal y otras actividades ilícitas altamente rentables.
Gran parte de las familias víctimas de desplazamiento por estos hechos se ha concentrado en el casco urbano de Anorí, albergándose en casas de familiares y conocidos mientras vuelven a darse las condiciones para retornar a sus casas.
por Antonio Claros | Nov 13, 2024 | Tribuna de opinion
Este miércoles, el presidente Gustavo Petro tiene previsto viajar a Chocó, un departamento que está viviendo los efectos de la fuerte ola invernal que azota al país. Además, esta región está sometida al paro armado de la guerrilla del ELN.
El mandatario se verá con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien ha liderado las ayudas en las zonas más afectadas por las lluvias como el Alto Baudó, donde las inundaciones arrasaron varias casas.
En el departamento del Chocó, el más afectado por las lluvias, se han reportado preliminarmente más de 30.000 familias damnificadas y afectaciones en 27 de los 31 municipios del departamento. El gobierno departamental declaró la Calamidad Pública por seis meses y la urgencia manifiesta, con el fin de priorizar la atención a las comunidades damnificadas.
El Gobierno destinó $2.500 millones para atender la emergencia en el departamento respecto necesidades urgentes de la población. Para responder a esta emergencia en el Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) envió un equipo técnico que se encuentra en Quibdó.
Pero también el Ejecutivo está a la espera de ayuda internacional. Para ello, el canciller Luis Gilberto Murillo, desde la COP29 en Azerbaiyán (donde iba a asistir el presidente Petro) está adelantado todas las gestiones.
El lunes pasado, el presidente Petro hizo la declaración de desastre nacional.
“Esta declaratoria busca facilitar la movilización de recursos necesarios para atender a los damnificados en todo el país y mitigar los efectos negativos de las inundaciones y las sequías”, dijo la Ungrd.
El jueves, el jefe de Estado se trasladará a la Alta Guajira para tomar nota de las emergencias en ese departamento.
por Antonio Claros | Nov 6, 2024 | Tribuna de opinion
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, confirmó este miércoles que el Gobierno de Gustavo Petro formalizó ante Naciones Unidas una solicitud para que se revisen y actualicen las convenciones con las que ese organismo mide la cantidad de hectáreas de coca en Colombia.
Lo anterior, luego de qué días atrás, el primer mandatario reaccionó a un informe de la ONU, en el que se advirtió que la producción de cocaína se había disparado, por lo que Petro instó a revisar la metodología.
“Lo que se planteó durante la reunión es que tenemos que revisar algunos aspectos metodológicos del informe”, declaró en su momento el propio Murillo tras una reunión con el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. Lo anterior, en el marco de la COP16.
Según explicó en su momento Murillo, “en la metodología hay aspectos que son muy discrecionales. Aunque los cultivos no aumentaron sustancialmente –solo en un 10 %, es decir se mantiene–, las áreas no se expandieron”. Sin embargo, Naciones Unidas calcula que la producción potencial de cocaína pasó de 1.738 toneladas a 2.664 toneladas entre 2022 y 2023.
Este miércoles, el canciller manifestó que “el presidente Gustavo Petro ha solicitado la creación de un panel de expertos que revise estos temas y pueda proponer una actualización de las convenciones. Esta propuesta, que fue hecha en Cali también y que ya hemos formalizado por canales diplomáticos, ha sido de buen recibo por parte del secretario”.
De acuerdo con el canciller, este tipo de discusiones contribuirán a “nutrir las recomendaciones que pueda hacer este panel. Hay muchas posibilidades. La más reciente tiene que ver con biocombustibles”, precisó.
El pasado viernes, Petro planteó la necesidad de replantear la estrategia contra las drogas, tanto en Colombia como en el ámbito global, “de comprobarse que la productividad de la hoja de coca en el país se duplicó, tal como lo sostiene un reciente informe de una Agencia de las Naciones Unidas”, según reportó Presidencia.
“Estamos metidos en algo que no debemos meternos, tenemos que cambiar la estrategia, la táctica, nuestra propia lucha internacional, nuestras relaciones internacionales”, sostuvo Petro en el acto de graduación de 283 subtenientes de la Policía en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.
El mandatario cuestionó el informe de Naciones Unidas, que señala que productividad de la hoja de coca se duplicó en un año, “eso es lo que me da dudas, porque no he observado ningún cultivo en el mundo que en un año duplique eso, pero solo digo que son dudas, como todo estudio científico, pues hay que examinar”, expresó.
por Antonio Claros | Oct 29, 2024 | Tribuna de opinion
De cada $1.000 que el Gobierno Nacional recauda por concepto de ingresos corrientes, solo $238 se destinan a municipios, distritos y departamentos. Es decir, apenas un 23,8 %. Esa destinación –según analistas–, no solo contribuye al centralismo que persiste en Colombia, sino que explica parte de la desigualdad que se arraiga en ciertos territorios y que, en la mayoría, se traduce en pobreza y violencia.
Por ello, un grupo de congresistas –en cabeza del partido En Marcha, del hoy ministro Juan Fernando Cristo– tramita desde hace varios meses un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución–, para aumentar las transferencias que desde el Gobierno central se le dan a los territorios a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
La reforma llegó ayer a la plenaria del Senado –en el sexto de sus ocho debates– y desató un rifirrafe incluso dentro del Ejecutivo. Por un lado, Cristo defiende la iniciativa y destaca que lo que se busca es “tener un Estado menos obeso, menos grasoso, con menos burocracia”. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que la iniciativa no es viable fiscalmente y afectaría las finanzas de la Nación.
La nuez del asunto es el porcentaje que se pretende transferir a los territorios. Inicialmente, el proyecto proponía aumentar la partida de transferencias hasta el 46,5 % en un periodo de 10 años. Sin embargo, en medio de la controversia y las posturas de lado y lado, ayer se acordó un porcentaje que podría viabilizar la reforma: transferir hasta el 39,5 % de forma gradual durante 12 años.
Aunque el proyecto no es de iniciativa del Gobierno, el presidente Gustavo Petro tomó partido y le dio su espaldarazo. El mandatario condicionó su respaldo a la reforma siempre y cuando 1) el aumento sea gradual; 2) se complemente con una ley de competencias para fortalecer la autonomía de los entes territoriales; 3) que se privilegie a “las regiones más excluidas”; 4) que haya más competencias para el manejo de recursos de salud y educación, y 5) que se fortalezca a la ciudadanía para dar trámite a sus necesidades y que la nueva plata no termine en poder de “las mafias locales”.
Con todo, la reforma sigue generando preocupación en un sector de la sociedad. Justo ayer se conoció una carta firmada por una docena de exministros y exviceministros de Hacienda, en la que alertan que la iniciativa conduciría a un sobreendeudamiento de la Nación para cubrir gastos de funcionamiento.
“La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55 % del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71 % del PIB, establecidos en la ley”, explicaron.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) advirtió que en la última década se han transferido $109 billones a los territorios, pero no se han traducido en desarrollo regional. “Se han convertido en mucho efectivo para campañas políticas corruptas”, indicó, asegurando que no solo se necesitaría una reforma tributaria.
Para algunos, aunque es viable la reforma y nadie se opone a la descentralización, primero se debe definir en detalle las nuevas competencias que asumirían los municipios y departamentos, y luego fijar de qué porcentaje será la transferencia. Es decir, invertir el orden de los proyectos. Se prevé que este martes se vote la iniciativa y continúe su tránsito en el Congreso. Ya goza de amplias mayorías, sumado al guiño del Gobierno.
En medio del debate, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, concurrió al Congreso y dio su opinión sobre el proyecto.
El gobernador –quien promueve un referendo para lograr mayor autonomía fiscal–, señaló que la iniciativa implica que el Gobierno central reduzca su tamaño y transferir competencias. “Este acto legislativo allana un terreno y le hace una gran avanzada al referendo”, explicó Rendón.
