por Antonio Claros | Ene 22, 2026 | Tribuna de opinion
“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, fue la frase que dijo el presidente Daniel Noboa cuando anunció este miércoles, en horas de la tarde, que impondría una tasa del 30% a las importaciones colombianas. Así, un conflicto político y de seguridad terminó teniendo consecuencias económicas. Pero, ¿qué pasa en la frontera?
Son 586 kilómetros compartidos entre ambas naciones. Es una de las fronteras más cortas de Colombia, ubicándose únicamente tras Panamá, con quienes compartimos apenas 266 kilómetros. Sin embargo, aquel espacio ha sido suficiente para crear rencillas.
La violencia en Nariño
Los departamentos que colindan con Ecuador son Nariño y Putumayo: dos regiones que viven en carne propia y en primera fila las acciones y consecuencias del actuar ilícito de varios grupos armados. Así lo señalan recientes alertas de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Fundación Ideas Para la Paz (FIP) y Human Rights Watch (HRW).
En septiembre, la violencia recrudeció, sobre todo en el municipio costero de El Charco, en el Pacífico nariñense. Allí, en menos de un mes, 1.900 familias tuvieron que huir del territorio en medio de enfrentamientos por tierras, minería ilegal, contrabando y control de cultivos ilícitos.
Aquello ya había sido advertido en 2024 por la Defensoría del Pueblo, ente que emitió una alerta temprana sobre la situación. Mientras tanto, quienes se quedaron en el territorio lo hicieron en medio del control y del miedo.
“Hay viviendas y escuelas ocupadas por actores armados, lo que implica una transformación total de la cotidianidad de la comunidad además de que es una clara violación del Derecho Internacional Humanitario. La crisis se agrava por la falta de acceso a servicios esenciales: la violencia ha interrumpido suministro de agua, salud y educación, mientras que la comunicación quedó seriamente limitada por el aislamiento de la zona”, narra el último informe de Pares, donde registraron testimonios que datan la situación en El Charco.
La situación es tan crítica que se han reportado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública que duran varios días. La misma situación se presenta en otros municipios nariñenses como El Peñol, donde localizaron una motocicleta bomba cerca de pasos que utiliza el Ejército Nacional.
Y aunque El Charco no queda cerca a la frontera, las olas migratorias se han dirigido, en parte, hacia allí. Las familias que deben huir de la violencia acuden a otras ciudades del departamento, como Ipiales, justo al lado de Ecuador. Allí, el municipio enfrenta otros retos, como el tráfico de armas con destino a la frontera, el tráfico de drogas y el tráfico de personas.
Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2025, la Policía de Ipiales —con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USS)— capturó en flagrancia a un hombre en el sector de Rumichaca, zona urbana del municipio de Ipiales (Nariño), por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.
Durante el procedimiento se logró la incautación de 754.700 dólares estadounidenses falsos, cuyo destino final era la ciudad de Quito (Ecuador), donde pretendían ser introducidos en el sistema financiero.
Sin embargo, el casco urbano de Ipiales no es el único afectado por la delincuencia. En zonas rurales aledañas, el grupo armado conocido como “Comuneros del Sur” no ha dado tregua, a pesar de encontrarse inmerso en el proceso de Paz Total del Gobierno Nacional.
La mesa de conversación con ellos aún sobrevive, pero el 22 de septiembre, en zona rural de Cumbal (Nariño), el Ejército Nacional tuvo que iniciar un operativo en su contra. Y es que, según los reportes, el grupo ilegal estaba intimidando comunidades indígenas de la frontera, además de adelantar actividades relacionadas con la minería ilegal, tráfico de estupefacientes, extorsión y secuestro.
Como resultado de aquel operativo no se reportaron miembros de la fuerza pública heridos. Además, las autoridades incautaron armas y equipos de comunicación y capturaron a 4 personas.
En aquella ocasión, el teniente coronel Alexandre Da Silveira, comandante del grupo Mecanizado N° 3 General José María Cabal de Ipiales resaltó que los operativos se llevaban a cabo con ayuda de Ecuador, con una estrategia que denominó “espejo”.
“Son operaciones que venimos adelantando en la zona fronteriza. Esto fue una operación coordinada con el Ejército del Ecuador dentro del marco de cooperación nacional en seguridad, es una operación conjunta o tipo espejo, donde veníamos haciendo seguimiento a esta estructura”, explicó.
La lista de casos es larguísima, e involucra no solo a miembros de los grupos ilegales, sino también a civiles y autoridades. Solo en 2025, en Ipiales, cinco policías fueron capturados por colaborar con una red de trata de migrantes entre Ecuador y Colombia. Además, el 11 de septiembre, un grupo de civiles ejecutó un intento de asonada contra policías que intentaban hacer operativos anticontrabando, también en Ipiales.
En la zona se ha registrado presencia de grupos como Comuneros del Sur, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencias de Iván Mordisco, ELN, Autodefensas Unidas de Nariño y Comandos de la Frontera, un grupo armado que también tiene amplia influencia en el Putumayo.
por Antonio Claros | Ene 13, 2026 | Tribuna de opinion
Con una carta de 29 páginas, el Consejo Gremial Nacional radicó este 13 de enero de 2026, en Bogotá, una solicitud formal para que se suspendan provisionalmente los efectos del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica.
El documento fue dirigido al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y busca que la Sala Plena evalúe, desde ya, un freno temporal a la norma mientras se decide su constitucionalidad de fondo.
Decreto 1390 de 2025, el centro del debate jurídico y económico
El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 es la base jurídica que habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos con fuerza de ley, bajo el argumento de atender una situación extraordinaria.
Sin embargo, para el Consejo Gremial, esta declaratoria no solo amerita control posterior, sino una suspensión inmediata, pues podría derivar en un uso abusivo de los poderes de excepción que termine socavando el orden constitucional, el principio democrático y la separación de poderes.
La petición fue presentada por Camilo Armando Sánchez Ortega, actuando como presidente y representante legal del Consejo Gremial Nacional.
En la comunicación oficial, Sánchez Ortega solicita al magistrado Ibáñez que proponga a la Sala Plena la suspensión provisional del decreto, cumpliendo así los requisitos formales exigidos por la jurisprudencia constitucional.
Uno de los puntos clave del documento es que la solicitud no se limita solo al Decreto 1390 de 2025. El Consejo Gremial pide expresamente que, si se suspende la declaratoria de emergencia, también se suspendan provisionalmente todos los decretos legislativos que el Gobierno expida con fundamento en esa norma.
La razón es que si se mantiene vigente el decreto madre, los actos derivados seguirían produciendo efectos jurídicos y económicos, incluso si más adelante la Corte declara su inexequibilidad.
Argumento central: evitar el abuso de poderes de excepción
El escrito insiste en que la suspensión provisional es necesaria para “impedir que el uso abusivo de los poderes excepcionales termine afectando pilares básicos del Estado de derecho”.
Según el Consejo Gremial, mantener vigente el Decreto 1390 sin una revisión previa podría dejar sin contenido real el control constitucional, permitir atajos legislativos y abrir la puerta a decisiones que alteren el equilibrio institucional.
Uno de los apartados más extensos del documento se concentra en el principio de proporcionalidad en sentido estricto, criterio que la Corte Constitucional exige para decretar suspensiones provisionales.
El Consejo Gremial sostiene que “no existe ninguna desventaja real para el principio democrático si se suspende temporalmente el decreto”.
Por el contrario, afirma que la medida garantiza la supremacía de la Constitución, protege la separación de poderes, respeta los principios de legalidad tributaria y reserva de ley tributaria; y evita la elusión del control de constitucionalidad.
Además, advierte que la emergencia económica, tal como está planteada, puede generar distorsiones económicas e inseguridad jurídica, factores que suelen desestimular la inversión y alterar el normal funcionamiento del sistema económico.
por Antonio Claros | Ene 6, 2026 | Tribuna de opinion
Este martes el ELN secuestró a cinco patrulleros de la Policía en el sector La Llana, Norte de Santander, luego de obligarlos a bajar de un bus de servicio público donde se transportaban tras finalizar su turno navideño de receso con sus familias.
La institución informó que fueron interceptados por personas armadas que los obligaron a descender del vehículo y los llevaron con rumbo desconocido en este sector del municipio de Tibú.
El coronel Jorge Bernal, comandante de Policía en Norte de Santander, confirmó que el hecho ocurrió sobre las 4:30 a.m. de este martes en la vía que conduce al corregimiento de Petrolia cuando tres personas, en motocicletas, detuvieron el bus y obligaron a los uniformados a bajar del mismo.
Lo que se sabe hasta el momento
De los hechos trascendió también que los policías estaban de civil tras su descanso familiar y que fueron despojados de sus celulares y documentos de identificación por parte de los guerrilleros del ELN.
Los guerrilleros subieron a los policías a una camioneta gris que minutos antes habían hurtado en el sitio, confirmó el comandante de la Policía en esa región. De momento se desconoce la identidad de los funcionarios.
¿En qué estado se encontraban los policías al ser retenidos?
Los uniformados estaban fuera de servicio (de civil) y regresaban de sus hogares tras finalizar su turno de receso navideño para retomar sus labores.
¿Se conocen las identidades de los policías secuestrados en Tibú?
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado los nombres de los cinco patrulleros. La institución mantiene reserva para proteger la integridad de los uniformados y avanzar en la comunicación oficial con sus familiares tras el incidente en Petrolia.
¿Qué riesgos de seguridad existen actualmente en el Catatumbo?
La región enfrenta una situación crítica por la presencia del ELN y disidencias de las Farc. El corredor entre Tibú y el corregimiento de Petrolia es considerado zona de alta peligrosidad para el tránsito de miembros de la fuerza pública.
por Antonio Claros | Dic 29, 2025 | Tribuna de opinion
Si bien este lunes se tenía previsto que todos los ministros del Gobierno de Gustavo Petro acudieran al Senado para responder por el controvertido decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que no acudirán al debate de control político. La determinación desde ya levantó ampolla en diversos sectores políticos que buscaban que el Ejecutivo rindiera cuentas al filo de 2025.
El pasado viernes, en una atípica sesión citada fuera del periodo ordinario del Congreso, la plenaria del Senado aprobó una proposición para que todos los ministros acudieran hoy y rindieran informe sobre los alcances del decreto de emergencia económica.
Se trata de una medida excepcional que le permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis fiscal que, según el documento, ya no se puede solucionar con las herramientas normales del Estado. Con esta emergencia, el Gobierno buscará crear nuevos tributos o modificar los existentes (de forma transitoria) y realizar operaciones presupuestales para evitar que el país caiga en una parálisis económica y social.
Entre otras, el Congreso buscaba que el Gobierno respondiera por los “hechos específicos, verificables y objetivamente constatables” para justificar la perturbación del orden económico y social; precisar las razones para argumentar que se trató de un recurso estrictamente excepcional; por qué el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de emergencia en este momento específico y no antes, y cuál es el impacto fiscal estimado de los decretos legislativos.
Sin embargo, el ministro encargado de la política aseguró que, según el artículo 155 de la Constitución, los ministros tienen cinco días para contestar ese cuestionario. “La citación da a los tres días, luego, por Constitución, por la ley, hasta que no se den los cinco días y yo responda, es que se hace el debate, entonces no tendríamos por qué asistir hoy”, dijo en diálogo con la emisora W Radio.
Benedetti manifestó que la decisión ya fue notificada a los ministros “para que no vayan, porque no vamos a ir”. El funcionario señaló además que la determinación fue comunicada al presidente del Senado, Lidio García. “Él está de acuerdo conmigo en el tema de la ley, pero me imagino que hoy se suscitará una controversia con base en lo que le estoy diciendo”, agregó.
El ministro insistió en que el Congreso se puede reunir para hacer control político aún en receso, pero para este tema específico advirtió que es necesario que pasen los cinco días para contestar el cuestionario.
En ello pareció coincidir el senador García, quien sostuvo que la citación, en efecto, se podrá hacer una vez el Gobierno presente el informe de la emergencia. “Ellos tienen 30 días y después 10 días más. Me imagino que lo irán a presentar en el día 40. No entiendo la molestia porque sea un control político y que el país sepa qué es lo que hay detrás de la emergencia económica”,
Sin embargo, García ratificó que desde este mismo lunes el Senado estudiará y ejercerá control político al decreto, pese a que el primer punto de la agenda es la discusión de los ascensos militares. “Vamos a empezar el control político de la emergencia económica. Si el Gobierno va, perfecto. Si no, esperaremos los cinco días que dice la ley”, indicó.
Por su parte, el autor de la proposición para citar a debate de control político, el senador opositor Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), reclamó por la “cobardía” del Gobierno y los acusó de acudir a un “formalismo” para evadir la discusión.
“Queda en evidencia la cobardía del Gobierno Nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la ‘consulta 2.0’, el decretazo y una Reforma Pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político. No lo voy a permitir. Insistiré ante la Mesa Directiva y la Plenaria del Senado para que los ministros den la cara, rindan cuentas y le expliquen al país qué pretenden realmente con esa supuesta ‘emergencia’ económica. ¡Dejen de evadir y den los argumentos!”, precisó.
por Antonio Claros | Dic 19, 2025 | Tribuna de opinion
La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) confirmó la suspensión definitiva de pagos a 16 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que reclamaban pagos por atenciones a víctimas de accidentes de tránsito que no contaban con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Según la entidad, estas no tenían infraestructura física para prestar esos servicios ni tenían dirección registrada.
sta medida se adopta luego de que hicieran una verificación iniciada en septiembre pasado, en la que la entidad detectó 23 IPS en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca que no tenían dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
Según la Adres, las facturas radicadas por esas 16 IPS superan los $12.260 millones, dinero que no será reconocido ni pagado por incumplir los requisitos legales para reclamar esos recursos. Incluso, afirmó que hará traslado de los hallazgos a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía General de la Nación.
Hay que mencionar que el Soat cubre al conductor, a los ocupantes particulares, a los pasajeros (vehículos de servicio público y a los peatones que queden involucrados en un accidente de tránsito.
En los casos en que el vehículo no tenga ese seguro, el vehículo no sea identificado o se dé a la fuga, la Adres cubre la atención de los heridos a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT). Los gastos invertidos en la atención de las víctimas le serán cobrados al propietario del vehículo involucrado.
De las instituciones señaladas por la Administradora, 13 no presentaron recurso de reposición en contra de la decisión (consignada en dos resoluciones), lo cual consolidó la decisión. Entre tanto, ante las tres que sí presentaron se resolvieron a favor de la entidad, pues los hospitales y clínicas no demostraron su habilitación legal.
El listado incluye entidades con sedes reportadas en Cali, Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Baranoa, Malambo, Santa Marta y Fundación, entre otras, cuyas direcciones no cumplían con lo exigido por el sistema de salud para prestar atención a víctimas de siniestros sin el Soat.
La Adres explicó que mantiene en trámite los recursos de reposición de otras siete IPS, cuyos casos aún están en proceso de verificación antes de tomar una decisión definitiva.
Por otro lado, anunció que trasladará los resultados de este proceso —considerado como posibles intentos de fraude contra el sistema— para que los órganos de investigación penal y vigilancia hagan las indagaciones necesarias.
Vale recordar que en 2024 esa entidad suspendió pagos a 52 hospitales y clínicas que presentaron reclamaciones por más de $70.000 millones y en muchos casos se puso en conocimiento de la Fiscalía por supuestas irregularidades similares relacionadas con la inexistencia física de las instituciones reclamantes de recursos.
Las IPS que fueron desvinculadas de los giros de la Adres fueron Grupo Ambulancias J1 S.A.S (Cali, Valle del Cauca), Medic Servicio Médico en Casa S.A.S (Buga, Valle del Cauca), Centro Integral de Salud San Gabriel (Barranquilla, Atlántico), Clínica Moscati (Barranquilla, Atlántico), Gareth Salud IPS S.A.S (Soledad, Atlántico), Salus Integral y Preventiva IPS (Soledad, Atlántico), IPS Jasa Médica S.A.S. (Soledad, Atlántico), IPS Centro Clínico para la Atención Integral S.A.S. (Soledad, Atlántico), IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles S.A.S. (Soledad, Atlántico), Nova Salud Integral IPS (Sabanalarga, Atlántico), IPS Solosalud K & S.A.S. (Baranoa, Atlántico), Global Medica S.A.S. (Baranoa, Atlántico), IPS Alma Salud Mía (Malambo, Atlántico), Famica (Santa Marta, Magdalena), Saluvida (Santa Marta, Magdalena) y Rehabilitar de la Costa IPS Ltda. (Fundación, Magdalena).
por Antonio Claros | Dic 10, 2025 | Tribuna de opinion
Nuevamente está en el sonajero el nombre de Laura Gallego Solís tras su aparición en videos en los que planteaba escenarios violentos relacionados con los precandidatos presidenciales Abelardo De La Espriella y Santiago Botero.
La exseñorita Antioquia del Concurso Nacional de Belleza fue protagonista del video en el que preguntaba a los precandidatos a quién “preferían darle una bala”, señalando como posibles objetivos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y al presidente Gustavo Petro.
Lejos de generar cercanía, sus declaraciones provocaron un rechazo en redes sociales, ya que se trataba de una actuación que promueve la violencia contra figuras políticas del país. La inconformidad también surgió porque ella representaba a un departamento que ha sido fuertemente golpeado por el narcotráfico y carteles de Medellín como el de Pablo Escobar, lo que dio paso a que se ganara el apodo de “Miss Bala”.
Laura Gallego Solís va por la Cámara de Representantes
Laura ahora es tema de conversación porque aparece en un listado que la proyecta para dar el salto al Congreso. Y es que figura en una lista abierta como candidata a la Cámara de Representantes por la coalición de Cambio Radical, el Partido de la U, Salvación Nacional y Oxígeno. La exreina aparece en el renglón 106, al igual que Nataly Vélez y Lina García Gañán.
Si bien no hay un pronunciamiento oficial de ella en sus redes sociales, en una entrevista con la periodista Eva Rey afirmó que “varios partidos la han invitado a unirse” a fin de dar el salto al Congreso. Según dijo, entre ellos figuran el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Partido Liberal, que incluso la habrían sondeado para ser cabeza de lista al Senado.
Cabe recordar que, tras el episodio protagonizado por Laura, la organización del certamen aclaró en un comunicado que “el Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad del país. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”.
