Tribuna de opinion 12 Junio 2026
Si hay un escenario en el que ha habido debate entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, son los estrados, las autoridades judiciales e instancias internacionales. Mientras ambos —y sus fórmulas vicepresidenciales— se escudan en condiciones y asteriscos para hacer un debate antes de la segunda vuelta (domingo 21 de junio), la batalla jurídica está que arde.
Contra Abelardo han fallado dos tutelas (la de la camiseta de la Selección y la de no usar la palabra “patria”), se divulgó una carta con firmas de exmagistrados hablando de una supuesta incompatibilidad de De la Espriella por tener ciudadanía de EE.UU. y, ayer, Cepeda anunció denuncia ante la Fiscalía y la CPI. Todo eso en apenas cinco días.
Y por el lado de Abelardo, enfiló su arsenal a denunciar a cerca de 35 políticos como supuestos compradores de votos en favor de Cepeda y pidió al “quitavisas”, subsecretario de Estado de EE.UU., Chris Landau, no quitarles el ojo de encima.
Cepeda denuncia a Abelardo en Fiscalía y la CPI
El aspirante del continuismo del gobierno Petro anunció ayer que interpondrá dos denuncias contra su rival en las elecciones ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Señaló que el abogado “habría incurrido presuntamente” en delitos como enriquecimiento ilícito, financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, según dijo en una rueda de prensa en Bogotá. Cepeda se centró en el funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), una organización no gubernamental creada a principios de los 2000, que fue presidida en su momento por De la Espriella. “Fipaz fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a AUC”. Según Cepeda, De la Espriella habría jugado el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares.
También mencionó que “Salvatore Mancuso (excomandante paramilitar) ha afirmado en distintas declaraciones que De la Espriella fue amigo y conocido desde la infancia, y aunque atribuyó el manejo operativo de Fipaz a ‘Ernesto Báez’, reconoce que tuvo financiación de las AUC, puesto que en una declaración hecha ante la JEP en 2024 detalló como funcionó esa relación entre Fipaz y las AUC”.
Cabe anotar que la fundación la creó Abelardo de la Espriella en 2004, en plena negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, para, según ha dicho, ayudar en dicho proceso. La Fiscalía archivó en 2009 una investigación de supuestos nexos de Abelardo con las Auc.A El candidato rechazó ayer las acusaciones y las calificó como “cortinas de humo”, señalando que son una respuesta a su carta al subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en la que denunció supuestas votaciones atípicas a favor de Cepeda en Cauca, Chocó y Nariño.
Revocan orden de la camiseta de la Selección
El candidato De la Espriella salió victorioso de una disputa judicial por el uso de la camiseta de la Selección Colombia de fútbol en su campaña. Ayer una juez de Bogotá revocó la orden que le prohibió al candidato utilizarla en eventos políticos. La determinación fue tomada por la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, del Juzgado 62 de Conocimiento de Bogotá, quien dejó sin efectos una medida provisional que había sido decretada previamente por otro juzgado.
El origen del caso se remonta a una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilmar Bocanegra, quien argumentó que el uso de la camiseta de la Selección por parte de Abelardo y de integrantes del movimiento “Defensores de la Patria” vulneraba derechos ciudadanos al asociar un símbolo reconocido con una candidatura específica.
Tras esa decisión, otra persona, Juan Carlos Núñez, presentó una nueva acción de tutela al considerar que la decisión afectaba derechos como la igualdad, la libertad de expresión y la participación política. En la revisión del caso, la segunda juez concedió una medida provisional para suspender la restricción mientras se analiza el caso y encontró vacíos en la orden emitida por el primer despacho judicial. Entre los aspectos señalados, indicó que la tutela inicial no explicó de manera concreta cómo el uso de la camiseta generaba vulneración de derechos ni identificó normas que prohibieran su uso en contextos políticos. Vale recordar que Iván Cepeda —después de los resultados de primera vuelta en los que quedó de segundo— se quejó de que su contrincante la usara y hasta la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a las campañas abstenerse del uso partidista. Sin embargo, ninguna campaña atendió el llamado y hasta el presidente Petro, varios de sus ministros y congresistas del Pacto Histórico empezaron a usarla. Incluso, grupos de barristas que apoyaron al senador le dieron esa prenda para manifestar su respaldo.
”El Tigre” no está inhabilitado para ser presidente
Un grupo de exmagistrados y docentes universitarios firmaron un documento diciendo que la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella “plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”. En sus argumentos, juristas y docentes dicen que el juramento que se presenta al momento de volverse ciudadano de EE.UU. tiene “efectos jurídicos”. El candidato también es ciudadano italiano, pero el documento hace énfasis en el “peso jurídico” que tiene el juramento que hace una persona para convertirse en ciudadano gringo.
“Renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito y ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”, dice el juramento. Los juristas cercanos al Gobierno —algunos con contratos— dicen que “la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia”. Pero hacen referencia a que no hay “inhabilidad” para ser presidente de la República, sino “incompatibilidad”.
Otro grupo de abogados —entre los que hay exmagistrados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado— analizaron el caso y concluyeron que “no existe, en derecho colombiano, inhabilidad para que un ciudadano colombiano sea elegido ni tampoco existe incompatibilidad para que se posesione como Presidente de la República, pese a tener más nacionalidades”.
Mencionaron que “la única restricción legal por pluralidad de nacionalidad recae sobre nacionales por adopción” y que las implicaciones del juramento para ser ciudadano americano “solo tienen relevancia para la relación entre ese Gobierno extranjero y su ciudadano”.
La denuncia por compra de votos para Cepeda
El pasado 9 de junio De la Espriella publicó una lista de 29 políticos que denunció por, supuestamente, hacer parte de una red de compra de votos para favorecer a Iván Cepeda. Entre los señalados están los congresistas Pedro Flórez, Martha Peralta, Felipe Hernández, Alexandra Pineda, Fernando Niño, Carlos Andrés Trujillo y Antonio Correa, así como las legisladoras electas Patricia Caicedo y Johana Osorio y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
También están los políticos antioqueños Isabel Zuleta, Julián, María Eugenia Lopera y Daniel Quintero.
La campaña de Abelardo remitió su denuncia al subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien aseguró días atrás que el Gobierno estadounidense está siguiendo las acusaciones presentadas por el candidato presidencial. Según dijo el funcionario, las autoridades evaluarán cada caso para determinar si procede o no la cancelación de visas a las personas eventualmentes involucradas. “Por algo me dicen el ‘quita visas’”, afirmó en su cuenta de X el diplomático norteamericano.
¿Chao al “firmes por la Patria” de Abelardo?
El pasado martes el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a “El Tigre” y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda política la bandera de Colombia y el uso de las expresiones “firmes por la Patria” y “defensores de la Patria”. La campaña tampoco podrá usar el escudo del país, símbolos patrios e imágenes alusivas a instituciones militares y de policía. Como medida provisional, el despacho sostuvo que el uso de símbolos nacionales para promover una candidatura política puede afectar la libertad de elección de los votantes. Según el magistrado Rafael Chavarro Poveda, presentar una propuesta electoral asociada a emblemas patrios podría generar la percepción de que quienes no la respaldan actúan en contra de los intereses nacionales.
Autoatentados a la orden en las campañas
El pasado fin de semana ambos aspirantes presidenciales se acusaron de que estarían planeando un autoatentado. “En la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección” y “a nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado” fueron los señalamientos de Cepeda y De la Espriella, respectivamente.
EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales respondieron de manera extraoficial que aún no hay información oficial que sustente presuntos planes de autoatentados.
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Si hay un escenario en el que ha habido debate entre los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, son los estrados, las autoridades judiciales e instancias internacionales. Mientras ambos —y sus fórmulas vicepresidenciales— se escudan en condiciones y asteriscos para hacer un debate antes de la segunda vuelta (domingo 21 de junio), la batalla jurídica está que arde.
Contra Abelardo han fallado dos tutelas (la de la camiseta de la Selección y la de no usar la palabra “patria”), se divulgó una carta con firmas de exmagistrados hablando de una supuesta incompatibilidad de De la Espriella por tener ciudadanía de EE.UU. y, ayer, Cepeda anunció denuncia ante la Fiscalía y la CPI. Todo eso en apenas cinco días.
Y por el lado de Abelardo, enfiló su arsenal a denunciar a cerca de 35 políticos como supuestos compradores de votos en favor de Cepeda y pidió al “quitavisas”, subsecretario de Estado de EE.UU., Chris Landau, no quitarles el ojo de encima.
El aspirante del continuismo del gobierno Petro anunció ayer que interpondrá dos denuncias contra su rival en las elecciones ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Señaló que el abogado “habría incurrido presuntamente” en delitos como enriquecimiento ilícito, financiación del terrorismo y concierto para delinquir agravado, según dijo en una rueda de prensa en Bogotá. Cepeda se centró en el funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), una organización no gubernamental creada a principios de los 2000, que fue presidida en su momento por De la Espriella. “Fipaz fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a AUC”. Según Cepeda, De la Espriella habría jugado el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares.
También mencionó que “Salvatore Mancuso (excomandante paramilitar) ha afirmado en distintas declaraciones que De la Espriella fue amigo y conocido desde la infancia, y aunque atribuyó el manejo operativo de Fipaz a ‘Ernesto Báez’, reconoce que tuvo financiación de las AUC, puesto que en una declaración hecha ante la JEP en 2024 detalló como funcionó esa relación entre Fipaz y las AUC”.
Cabe anotar que la fundación la creó Abelardo de la Espriella en 2004, en plena negociación del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, para, según ha dicho, ayudar en dicho proceso. La Fiscalía archivó en 2009 una investigación de supuestos nexos de Abelardo con las Auc.A El candidato rechazó ayer las acusaciones y las calificó como “cortinas de humo”, señalando que son una respuesta a su carta al subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en la que denunció supuestas votaciones atípicas a favor de Cepeda en Cauca, Chocó y Nariño.
El candidato De la Espriella salió victorioso de una disputa judicial por el uso de la camiseta de la Selección Colombia de fútbol en su campaña. Ayer una juez de Bogotá revocó la orden que le prohibió al candidato utilizarla en eventos políticos. La determinación fue tomada por la jueza María Isabel Ferrer Rodríguez, del Juzgado 62 de Conocimiento de Bogotá, quien dejó sin efectos una medida provisional que había sido decretada previamente por otro juzgado.
El origen del caso se remonta a una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilmar Bocanegra, quien argumentó que el uso de la camiseta de la Selección por parte de Abelardo y de integrantes del movimiento “Defensores de la Patria” vulneraba derechos ciudadanos al asociar un símbolo reconocido con una candidatura específica.
Tras esa decisión, otra persona, Juan Carlos Núñez, presentó una nueva acción de tutela al considerar que la decisión afectaba derechos como la igualdad, la libertad de expresión y la participación política. En la revisión del caso, la segunda juez concedió una medida provisional para suspender la restricción mientras se analiza el caso y encontró vacíos en la orden emitida por el primer despacho judicial. Entre los aspectos señalados, indicó que la tutela inicial no explicó de manera concreta cómo el uso de la camiseta generaba vulneración de derechos ni identificó normas que prohibieran su uso en contextos políticos. Vale recordar que Iván Cepeda —después de los resultados de primera vuelta en los que quedó de segundo— se quejó de que su contrincante la usara y hasta la Federación Colombiana de Fútbol le pidió a las campañas abstenerse del uso partidista. Sin embargo, ninguna campaña atendió el llamado y hasta el presidente Petro, varios de sus ministros y congresistas del Pacto Histórico empezaron a usarla. Incluso, grupos de barristas que apoyaron al senador le dieron esa prenda para manifestar su respaldo.
Un grupo de exmagistrados y docentes universitarios firmaron un documento diciendo que la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella “plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”. En sus argumentos, juristas y docentes dicen que el juramento que se presenta al momento de volverse ciudadano de EE.UU. tiene “efectos jurídicos”. El candidato también es ciudadano italiano, pero el documento hace énfasis en el “peso jurídico” que tiene el juramento que hace una persona para convertirse en ciudadano gringo.
“Renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito y ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales”, dice el juramento. Los juristas cercanos al Gobierno —algunos con contratos— dicen que “la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia”. Pero hacen referencia a que no hay “inhabilidad” para ser presidente de la República, sino “incompatibilidad”.
Otro grupo de abogados —entre los que hay exmagistrados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado— analizaron el caso y concluyeron que “no existe, en derecho colombiano, inhabilidad para que un ciudadano colombiano sea elegido ni tampoco existe incompatibilidad para que se posesione como Presidente de la República, pese a tener más nacionalidades”.
Mencionaron que “la única restricción legal por pluralidad de nacionalidad recae sobre nacionales por adopción” y que las implicaciones del juramento para ser ciudadano americano “solo tienen relevancia para la relación entre ese Gobierno extranjero y su ciudadano”.
El pasado 9 de junio De la Espriella publicó una lista de 29 políticos que denunció por, supuestamente, hacer parte de una red de compra de votos para favorecer a Iván Cepeda. Entre los señalados están los congresistas Pedro Flórez, Martha Peralta, Felipe Hernández, Alexandra Pineda, Fernando Niño, Carlos Andrés Trujillo y Antonio Correa, así como las legisladoras electas Patricia Caicedo y Johana Osorio y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
También están los políticos antioqueños Isabel Zuleta, Julián, María Eugenia Lopera y Daniel Quintero.
La campaña de Abelardo remitió su denuncia al subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien aseguró días atrás que el Gobierno estadounidense está siguiendo las acusaciones presentadas por el candidato presidencial. Según dijo el funcionario, las autoridades evaluarán cada caso para determinar si procede o no la cancelación de visas a las personas eventualmentes involucradas. “Por algo me dicen el ‘quita visas’”, afirmó en su cuenta de X el diplomático norteamericano.
El pasado martes el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a “El Tigre” y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, retirar de su propaganda política la bandera de Colombia y el uso de las expresiones “firmes por la Patria” y “defensores de la Patria”. La campaña tampoco podrá usar el escudo del país, símbolos patrios e imágenes alusivas a instituciones militares y de policía. Como medida provisional, el despacho sostuvo que el uso de símbolos nacionales para promover una candidatura política puede afectar la libertad de elección de los votantes. Según el magistrado Rafael Chavarro Poveda, presentar una propuesta electoral asociada a emblemas patrios podría generar la percepción de que quienes no la respaldan actúan en contra de los intereses nacionales.
El pasado fin de semana ambos aspirantes presidenciales se acusaron de que estarían planeando un autoatentado. “En la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección” y “a nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado” fueron los señalamientos de Cepeda y De la Espriella, respectivamente.
EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales respondieron de manera extraoficial que aún no hay información oficial que sustente presuntos planes de autoatentados.
