por Antonio Claros | Ago 22, 2023 | Tribuna de opinion
Tras la polémica por la cantidad de “impresentables” que se registraron como candidatos para las próximas elecciones regionales, la Procuraduría General de la Nación publicó un informe con las cifras de sancionados que, según la legislación colombiana, deberían estar inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular.
Dentro de las cifras más preocupantes, el Ministerio Público reveló que 14 candidatos a las alcaldías del país presentan inhabilidades por mala ejecución y hasta líos de corrupción.
Sumado a eso, también se encontraron sanciones para “19 candidatos a diputados, 560 en concejo, 3 para gobernación, 55 para Juntas Administradoras Locales y 25 inscritos con aspiraciones para edil en Bogotá”.
El informe se suma también a las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, en las que aseguró que los sancionados por la Procuraduría definitivamente no podrían aspirar a ningún cargo elegido por voto popular.
Pese a que el magistrado Rodríguez hizo énfasis en que esa es su opinión y que habrá que esperar que decide el pleno de los magistrados del Consejo de Estado, lo cierto es que es muy probable que ese alto tribunal termine por opinar lo mismo que el presidente y decida eliminar de la carrera política a todos aquellos que tengan sanciones previas.
Mientras tanto, el ente de control detalló que ese listado de sancionados fue enviado al Consejo Nacional Electoral, CNE, para que se realice la correspondiente investigación y verifique si hay lugar a la revocatoria de inscripción, lo que pondría a peligrar candidaturas de alta talla, como la del actual candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández
De hecho la procuradora general, Margarita Cabello, ha hecho especial énfasis en que el excandidato presidencial no debería poder aspirar a dicho cargo luego de haber recibido una destitución e inhabilidad por parte de dicho Ministerio tras comprobarse su responsabilidad en un líos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Bucaramanga.
En cuanto al panorama general, la Procuraduría anunció que el mayor número de candidatos con posibles inhabilidades se encuentra en Antioquia, donde se reportaron un total de 81 anotaciones.
Le siguen Santander, con 66; Cundinamarca, con 63; Tolima, con 43 y Valle del Cauca con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron.
Finalmente, por municipio, Bogotá D. C. presenta 30 posibles inhabilitados; Bucaramanga, Ibagué y Piedecuesta, registra 8, y cierra el listado Barrancabermeja con 7 candidatos.
por Antonio Claros | Ago 15, 2023 | Tribuna de opinion
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entró a engrosar la lista de gestores de paz del Gobierno después de que el presidente Gustavo Petro firmara la resolución 244 con fecha del 14 de agosto que confirmó esa designación para el extraditado exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Ya Petro habría anunciado que Mancuso sería uno de sus gestores de paz y con el documento quedó oficializado que el exjefe paramilitar entró a la lista de figuras cuestionadas, como quienes encabezaron el Paro Nacional, que tendrán un puesto dentro de la paz total de Gobierno.
El objetivo de esa tarea para Mancuso es que desde su asiento “contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos criminales que actúen en el territorio nacional”. Una tarea en la que, en todo caso, tiene experiencia tras haber sido el cabecilla de un grupo desmovilizado.
Mancuso esa designación le trae beneficios, pues los gestores de paz reciben un pago de un millón de pesos mensuales y a partir de la firma de la resolución el Gobierno podrá pedir “la suspensión de las medidas judiciales vigentes en contra de Mancuso”.
Actualmente, el exjefe paramilitar está detenido en Estados Unidos y el Gobierno ya había iniciado los trámites para solicitar su extradición a Colombia, donde tiene pendientes con la justicia y está intentando acogerse a la JEP.
¿Qué pasará con Salvatore Mancuso?
Una vez esté en el país, Mancuso firmará un acta ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz donde se comprometerá a asistir a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre las actividades que desarrolle como gestor de paz.
“El incumplimiento de los compromisos adquiridos dará lugar a la revocatoria de la designación como gestor de paz y, en consecuencia, la reactivación de las medidas penales”, se determina en la resolución.
Mancuso y otros gestores de paz cuestionados
El decreto 2422 de 2022 se contemplaba el nombramiento de varios miembros de la denominada Primera Línea como gestores de paz.
Entre estos estaba Sergio Andrés Pastor, alias 19, quien fue condenado por tortura y concierto para delinquir por sus acciones durante el paro nacional y sirvió como líder del grupo ‘Resistencia Portal Américas’. Sin embargo, el Gobierno tuvo que echarse para atrás en esa designación porque él no cumplía los requisitos.
Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria Enilce López, alias ‘la Gata’, había sido designado como facilitador de paz del Gobierno. De cuenta de esa designación, su defensa había pedido que lo dejaran en libertad, pero al final el Gobierno también desistió de tenerlo entre sus voceros de la paz total.
La Ley 0418 de 1997 contemplaba la suspensión de órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados que adelanten tareas propias de procesos de paz, que sean acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas.
por Antonio Claros | Ago 9, 2023 | Tribuna de opinion
La justicia de Estados Unidos condenó este martes a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel a 45 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico. Pese a que al capo del Clan del Golfo le espera una larga temporada en la celdas de Estados Unidos, expresó su deseo de regresar a Colombia, cooperar con la justicia y participar en procesos de reparación de víctimas.
“Acepto responsabilidad por los delitos cometidos. Pido disculpas a las familias de las víctimas y a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por el daño causado. Espero volver a Colombia después de cumplir mi sentencia”, fueron las palabras que se le escucharon a Otoniel antes de que la jueza Dora Irizarry, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, impusiera la condena.
Es que el cabecilla del Clan del Golfo se declaró culpable de enviar, al menos, 96,8 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Lo juzgaban por los delitos de empresa criminal continuada, de conspirar para importar droga y de tráfico marítimo de drogas.
Otoniel tiene 51 años y terminaría de purgar su pena a los 96 años. Pese a ello, aseguró que esta dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales colombianas para, dice él, abrir el telón sobre la verdad en el conflicto.
“Sigo con la firme intención de colaborar con la justicia de mi país, para que la sociedad colombiana sepa la verdad del conflicto armado. Para que de alguna forma, pueda reparar a las víctimas del país y, en especial, para lograr contribuir al cambio y aportar en la construcción de la verdad y de un nuevo país”, dijo Otoniel en una carta enviada al presidente Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leyva.
Antes de su extradición, Otoniel alcanzó a acudir a una versión libre a la Justicia Especial de Paz. El hombre tendría entre su información, datos de uniformados oficiales que también prestaban sus servicios al Clan del Golfo.
“Quiero que, por medio de la verdad, pueda redimir y buscar el perdón por mi accionar. Y de esta forma brille la justicia y se pueda demostrar que el conflicto colombiano va más allá de lo que la sociedad y el mundo saben”, puntualizó el condenado.
La vida delincuencial de Otoniel comenzó en el frente cinco de las Farc como miliciano, luego saltó a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el Urabá. Después dio pasó al paramilitarismo e ingresó al Bloque Centauros de las Autodefensas. Su vida criminal terminó en el Clan del Golfo.
El capo permanecerá en una celda del centro de detención de Brooklyn mientras se conoce en qué prisión cumplirá su sentencia. En ese lugar permanece aislado y solo puede ver la luz del sol una hora al día.
por Antonio Claros | Jul 31, 2023 | Tribuna de opinion
La persona más cercana al presidente Gustavo Petro ya no es Laura Sarabia, quien era su jefa de gabinete hasta antes del “niñera gate” y el escándalo de los audios del exembajador Armando Benedetti.
Tampoco lo es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es el encargado de manejar la agenda política del Gobierno y de conversar con los partidos. El puesto más próximo al mandatario lo tiene Carlos Ramón González, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
A él lo conocen como Carlos Ramón y es uno de los cuatro copresidentes de la Alianza Verde, el partido que tiene la Presidencia del Congreso para esta segunda legislatura con el senador Iván Name y que le puede poner unos 24 votos al Gobierno en esa corporación cuando se suman los escaños de toda la coalición verde.
Petro lo nombró como director del Dapre en abril en medio de su segundo remezón ministerial y como reemplazo de Mauricio Lizcano, un político que militó en el Partido de la U y quien pasó al Ministerio de las TIC.
Carlos Ramón fue militante del M-19 y había sido cercano al Gobierno desde antes de ocupar un asiento en el piso 3 de la Casa de Nariño, pero su designación en el Dapre le dio una cercanía mayor al presidente y la posibilidad de administrar un presupuesto de 6 billones de pesos.
Los primeros dos meses como director del Dapre tuvo que aplicar la misma fórmula de los otros funcionarios de Palacio, la de supeditarse a la agenda que gestionaba Laura Sarabia, hasta que con la salida de la exjefa de gabinete del Gobierno todo cambió.
El revolcón interno de junio desencadenado por los escándalos del presunto uso irregular del polígrafo de la Presidencia y la posible financiación irregular que habría entrado a la campaña de Petro en las elecciones presidenciales de 2022, los 150.000 millones de pesos de los que habla el exembajador Benedetti, desataron toda una guerra interna entre los altos funcionarios de Palacio para tener más poder. Esa puja la ganó Carlos Ramón.
Como director del Dapre Carlos Ramón ya tenía relevancia en las cuestiones administrativas, pero sin Laura Sarabia el presidente amplió momentáneamente el círculo de consejeros entre el propio Carlos Ramón, el secretario jurídico Vladimir Fernández y el director de la UNP Augusto Rodríguez.
Al final se terminó imponiendo la voz del copresidente de la Alianza Verde, quien según La Silla Vacía estaría ocupando el mismo despacho que tuvo Sarabia durante los primeros diez meses del Gobierno: la oficina que está junto al despacho del presidente.
Carlos Ramón llevó hasta la Presidencia a la exdirectora administrativa de la Alianza Verde, Zamira González, una designación que muestra el poder en ascenso de los verdes en Palacio.
Incluso, hay quienes lo vinculan con la elección de Iván Name como presidente del Senado, pues aseguran que Name y Carlos Ramón son tan cercanos que este podría terminar influyendo en la agenda del Congreso. Mejor dicho: ejercer tareas de ministro del Interior sin la necesidad de ocupar esa cartera.
por Antonio Claros | Jul 24, 2023 | Tribuna de opinion
Por cerca de 15 años –casi desde el mismo momento en que fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008–, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió pista para recibir el rótulo de gestor de paz. En términos prácticos, ello implica su libertad a cambio de gestionar e implementar acuerdos, en este caso, con las Autodefensas. Su insistencia al fin tuvo eco y el presidente Gustavo Petro anunció este domingo que el cabecilla será nombrado gestor de paz. ¿Qué implicaciones tiene?
“El proceso de paz entre el gobierno de (Álvaro) Uribe y los paramilitares aún no ha terminado. Aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas, en parte, se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, explicó el mandatario en una decisión que ha sido cuestionada por diferentes sectores.
La primera claridad para entender la discusión, que tiene tanto de jurídico como de político, es entender qué es un gestor de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se trata de una nominación que únicamente puede hacer el Jefe de Estado y le permite designar a miembros de grupos armados para que gestionen e implementen “acuerdos humanitarios”. Eso sí, durante la fase de diálogos de paz con el grupo armado.
En términos judiciales, este rótulo permite que el Gobierno les solicite a las autoridades judiciales suspender una pena o solicitar una pena alternativa. En todo caso, ello no implica que sus procesos judiciales se archiven, pues deberá seguir respondiendo por sus deudas con la justicia. “La designación no se trata de una amnistía o un indulto”, explicó la Oficina.
Así las cosas, Mancuso haría las veces de gestor de paz –según Petro– para el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, en opinión del presidente, sigue incompleto y hay carencias en materia de verdad y reparación material. No obstante, se abren interrogantes sobre qué tipo de “acuerdos humanitarios” podría gestionar Mancuso, ni la fase de diálogos en la que se enmarcaría el proceso, pues las AUC como grupo formal ya no existen y han mutado en diversidad de grupos armados y narcotraficantes.
Interrogantes de ese calibre, para darle sustento jurídico a la nominación del exjefe paramilitar, deberán ser respondidos en el decreto presidencial que formalice la designación, que hoy no deja de ser incierto. En el entretanto, el anuncio levantó polvareda y dividió opiniones en sectores políticos. No es para menos.
Si bien hace cerca de 3 años Mancuso cumplió la condena por narcotráfico que purgaba en una cárcel de Estados Unidos, su futuro judicial no está claro y en Colombia aún tiene pendientes dos condenas por delitos en el marco del conflicto, como homicidios, masacres, despojos de tierras y desplazamientos forzados. Por estos hechos, el mismo gobierno Petro ha pedido en extradición al excabecilla para que responda judicialmente, mientras que Mancuso –como reveló El Tiempo– ha buscado frenar el proceso y que lo envíen a Italia, de donde son sus antepasados.
En paralelo, Mancuso ha intentado sin éxito ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues –como explicó el organismo–, “carece de competencia para admitir la comparecencia de exmiembros de organizaciones paramilitares ante la justicia transicional”. Sin embargo, la JEP evalúa aceptar su ingreso en caso de determinar que “actuó como punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública”.
Por ello, en mayo pasado, desde Georgia (Estados Unidos), Mancuso compareció de manera virtual ante magistrados y víctimas para aportar información adicional sobre la cruda simbiosis entre paras y Fuerza Pública. La JEP evalúa la calidad de la información y su contribución a la verdad para decidir si lo admite o lo rechaza una vez más.
En medio de todos estos escenarios es que Mancuso recibe el anuncio de su designación como gestor, un escenario que le serviría para retornar al país sin ser extraditado, sin el supuesto riesgo de quedar preso y a la espera de lo que determine la JEP.
De acuerdo con el abogado Michel Pineda, quien fue abogado de Mancuso y ahora representa la Corporación Compromiso Colombia –dedicada a la búsqueda de salidas negociadas al conflicto–, será necesario ahora que la Cancillería logre la implementación de un protocolo de trabajo inicialmente desde el exterior.
“Colombia tiene más de 10 mil extraditados en EE. UU. y no cuenta con un tratado de repatriación con ese país. Por lo tanto, la forma de permitir su participación y ayuda en pro de la paz partirá de la decisión autorizada y el apoyo de EE. UU.”, explicó el jurista en diálogo con este diario, instando a que haya otros gestores de paz como Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” o Simón Trinidad, de las Farc.
Opiniones divididas
Excomisionados de Paz como Juan Camilo Restrepo Gómez y Camilo Gómez criticaron la determinación, reclamaron que distorsiona la figura de los gestores de paz y hasta la excede.
El expresidente Álvaro Uribe, que se negó a darle ese rótulo a Mancuso, señaló que “no importa” que el exparamilitar sea gestor de paz, pues “lo grave es que mienta y que haya discriminación”, por lo que instó a darle el mismo estatus a otros excomandantes como Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. “Mancuso ha dicho mucha verdad, pero le falta lo de paraeconomía”, dijo el senador Ariel Ávila (Alianza Verde). Mientras que el senador Jota Pe Hernández, también del Verde, criticó: “El Gobierno que premia a los bandidos”.
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias añadió: “Mancuso será nombrado para que se conozca la verdad del paramilitarismo. Noto a toda la derecha asustada, ¿por qué será? La verdad les corre pierna arriba”. Mientras que Rodrigo Londoño dijo: “Si su gestión es verdaderamente de paz, reivindicará los derechos de las víctimas”.
En 2009, Mancuso pidió ser gestor
A finales de 2009, al cierre del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Salvatore Mancuso pidió ser gestor de paz. En ese entonces, el Gobierno dijo que debía acabar su proceso penal en Estados Unidos y cumplir con la justicia en Colombia. “Soy el espejo donde se miran los ‘Cano’, los ‘Jojoy’, las Farc, el Eln, las bandas emergentes, los ‘don Mario’. Yo podría mediar y dialogar políticamente con todos ellos”, dijo en ese entonces.
En octubre de 2022, Mancuso le envió una carta al presidente Petro en la que defendió que la “verdad tiene que ir por delante. Negó tener impedimento alguno para asumir las tareas que “correspondan en el objetivo compartido de lograr la paz total para Colombia”.
por Antonio Claros | Jul 17, 2023 | Tribuna de opinion
Por primera vez en la historia, el uso de efectivo apenas representó el 37% de las transacciones formales del comercio en América Latina. Así lo resaltó un estudio llamado “Tendencias de Pago Digitales 2023”, elaborado por Kushki, una empresa tecnológica enfocada, precisamente, en facilitar pagos electrónicos.
De acuerdo con las cifras recolectadas en ese documento, al cierre del año pasado, el 44% de las transacciones registradas en el comercio se hicieron con tarjetas.
“Hoy, las tarjetas de crédito son el medio de pago electrónico líder en América Latina, representando el 50% del comercio electrónico y el 20% de los pagos presenciales”, se lee en el informe.
Además, los otros mecanismos de pago digital se quedaron con el 20% de la torta, siendo especialmente relevantes las billeteras digitales y las transferencias bancarias (ver gráfico). Aunque se debe dejar claro que el comportamiento de Brasil es el que más pesa en este balance.
