por Antonio Claros | Oct 9, 2023 | Tribuna de opinion
El Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las Farc anunciaron este 8 de octubre en Tibú, Norte de Santander, que a partir del 16 de octubre comienza formalmente el cese al fuego bilateral entre ambas partes.
“A partir de hoy las partes hemos tomado la decisión de parar la guerra y continuar con el Proceso de Paz iniciado entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, como forma para materializar una paz estable y duradera con justicia social y ambiental”, anunciaron las partes en un comunicado.
El acuerdo establece la suspensión de las acciones ofensivas de lado y lado “como mecanismo para proteger a la población civil y disminuir los efectos de la confrontación”. Así las cosas, el día 16 de octubre el Gobierno Nacional expedirá el decreto definitivo de cese al fuego para facilitar la continuidad de este proceso.
“Las delegaciones acá reunidas manifestamos que se requiere un mayor alistamiento previo, para poner en marcha todos los mecanismos necesarios para el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional (CFBTNT), los cuales contienen un énfasis en la protección de la población civil”, anunciaron en el comunicado conjunto.
El mismo 16 de octubre culminará la etapa exploratoria y de alistamiento, para dar inicio formalmente al proceso de Diálogos de Paz con la instalación de la Mesa.
Hace tres semanas, las partes anunciaron que el propósito de este proceso de construcción de paz es la dignificación de la forma de vida de los colombianos que son víctimas directas de la desigualdad social y de la confrontación armada, entendiendo que este es un proceso que deberá generar espacios de participación real y efectiva de las diferentes expresiones de la sociedad.
En ese momento, se decidió que entre este 8 de octubre al 11 de noviembre se continuará el proceso de discusión sobre agenda de la mesa de diálogos de paz, se mantendrán las visitas humanitarias en territorio, se conformará una comisión especial para atender la situación de integrantes del Estado Mayor Central de las Farc que están privados de la libertad.
Además, se dijo que entre el noviembre 11 y agosto 8 de 2024 se evaluará la implementación del acuerdo de protección de la población y cese al fuego. “Se evaluarán los avances y cumplimiento en el desarrollo de la agenda, los procesos participativos y los compromisos pactados. El Gobierno Nacional seguirá garantizando el libre ejercicio del voto y la transparencia en los procesos electorales”.
por Antonio Claros | Oct 2, 2023 | Tribuna de opinion
Por primera vez desde que existe la elección popular de alcaldes, un mandatario en Medellín se aparta de su cargo para hacer proselitismo político. Sentar este precedente terminó siendo el último acto de gobierno del ahora exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien, a escasas cuatro semanas de las elecciones del 29 de octubre, dejó acéfala su propia administración para volcarse a las calles y empujar la campaña de su exsecretario Juan Carlos Upegui.
Para Quintero es una manera de mantener el poder en la alcaldía. Una manera de intentar ‘reelegirse’. Pues quienes están cerca de este grupo político saben que en caso de ganar Upegui, sería Quintero quien gobernaría en cuerpo ajeno. Upegui es un candidato sin mayor trayectoria política ni laboral. Su título más importante para estar en la carrera por la Alcaldía es el de ser –se podría decir– ‘cuñado’ del exalcalde, porque si bien es primo de su esposa Diana Osorio, las mamás de ambos –de Upegui y de Diana– los criaron casi como una solafamilia.
Aunque la movida de Quintero tomó por sorpresa a muchos, ya que quedó en firme en un decreto expedido por el Gobierno Nacional que se filtró a altas horas de la noche del sábado, el propio Quintero ya venía preparando el terreno para su anuncio.
Pese a que el rumor de dicha renuncia comenzó a esparcirse con fuerza en los círculos políticos locales desde hace varios días, fue a partir de una noticia publicada el viernes que el tema creció como una bola de nieve.
En medio de un ambiente lleno de rumores y versiones contradictorias, el mismo alcalde alimentó las especulaciones difundiendo mensajes ambiguos, como el emoticón de un reloj de arena que publicó en su cuenta de X (antes Twitter) y unas respuestas ambiguas en una rueda de prensa realizada el mismo sábado, cuando en los escritorios del Gobierno Nacional ya reposaba su carta de renuncia.
–Alcalde, ¿entonces usted va a estar hasta el 31 de diciembre o hasta cuándo? – preguntó uno de los periodistas que lo abordaron en el barrio Santa Cruz, durante una jornada en la que repartía un periódico de rendición de cuentas
–Yo voy a luchar hasta que Dios me de vida y me dejen – respondió Quintero
–¿Usted tiene plazo para renunciar hasta hoy (sábado 30 de septiembre)? – le contrapreguntaron
–No, yo puedo renunciar cuando quiera – respondió Quintero –si hoy fuera mi último día de alcalde estaría haciendo esto. Estaría entregando estos volantes. Estaría diciéndole a la gente qué hicimos, estaría entregando periódicos y eso es lo que vamos a hacer hasta el último día – añadió luego entre risas.
Al tiempo que daba esas declaraciones, a través de las redes sociales comenzó a difundirse la invitación a un evento público citado por el partido político de Quintero, en el que se anticipaba “Un gran anuncio”.
Pero las redes se le anticiparon y la dimisión salió a luz pública hacia la medianoche del sábado, cuando se filtró un decreto firmado por el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, en el que el Gobierno Nacional aceptó su renuncia y designó como alcalde encargado al secretario de Gobierno Óscar Hurtado.
Unas cuantas horas después, hacia las 5:00 a.m., el ahora exalcalde publicó un video en el que explicó que su salida era para volcarse a las calles a hacer política.
“No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui en todas las encuestas marca como la única alternativa para poder enfrentar al fico-uribismo. Por esa razón he decidido convertirme en un soldado más, en dar esa lucha, despojarme de la investidura de alcalde”, expresó Quintero, mostrando en sus manos volantes de Upegui, con quien compartiría plataforma un par de horas después, en el mismo evento citada por su partido.
Entre banderas y bengalas
A las 10:30 a.m. de ayer comenzó el mitin citado por el Partido Independientes, cuando Quintero ingresó a un escenario levantado desde la madrugada, acompañado de sus escoltas y de sus alfiles políticos: Esteban Restrepo, candidato a la Gobernación de Antioquia, y Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía.
En una escenografía que contó hasta con banda marcial, cientos de banderas, camisetas y bengalas de humo verde y amarillo, el exalcalde encabezó su primer acto de campaña.
Para montar la gran tarima en la que se subió Quintero, el Partido Independientes hizo cerrar 250 metros de la vía a Machado, norte de Medellín.
Los candidatos a la Asamblea y al Concejo distrital del partido del exalcalde fueron los encargados de llenar el aforo. Cada aspirante, reunió a un grupo de ciudadanos y los amontonó frente a la tarima.
Una mujer asomada en uno de los balcones que daba a la tarima, le expresó a este medio su rabia porque la excluyeron del evento. “Ellos tienen un grupo de caminantes y pasan recolectando gente antes de los eventos. Yo hasta tengo la camiseta de Upegui. Nos dijeron que los acompañáramos de manera voluntaria y que en eventos grandes como estos nos darían una ayudita. Pero a mí no me incluyeron hoy, me sacaron y me quedé sin la ayudita”, dijo la mujer que prefirió guardar su nombre y omitir el tipo de ayudas que le ofrecieron al ser interrogada por el tema.
Pese a que casi 400 personas asistieron al evento, el espacio no se alcanzó a llenar, haciendo que líderes como el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, caminaran por el barrio para tratar de convocar a más gente. Desde las 9:00 a.m., estudiantes de colegio, vendedores ambulantes y todo tipo de ciudadanos empezaron a ensayar los cánticos que debían entonar en favor del exalcalde.
Tras arribar en medio de arengas como “Quintero, amigo, el pueblo está contigo”, el exalcalde tomó la palabra e inició un discurso en el que se presentó como un hombre que luchó contra los órganos de control y el establecimiento. “Estamos dando una batalla justa, la batalla que hay que dar por Medellín y la vamos a ganar”, dijo, invitando a una alianza a los candidatos Albert Corredor y Paulina Aguinaga.
En un acto simbólico, el exalcalde puso a los asistentes a elegir entre un basurero y una urna de votación, echando en el trasto fotos de María Fernanda Cabal, Fabio Valencia Cossio, Álvaro Uribe y Federico Gutiérrez, y a las urnas la foto de su exsecretario Juan Carlos Upegui. Luego, se bajó de las tablas y caminó loma arriba repartiendo propaganda política hasta la estación Andalucía del metrocable
El epílogo de un gobierno
Tras apagarse las luces de esa tarima, lo cierto es que la Alcaldía de Medellín queda nuevamente bajo incertidumbre. Tras la designación de Óscar Hurtado en el cargo, que llega cargando en su espalda una indagación preliminar de la Procuraduría por su papel en el incumplimiento de las metas de financiación de los fondos pensionales de la Alcaldía, el siguiente paso para el Gobierno Nacional será el de nombrar un alcalde que ocupe la silla abandonada por Quintero hasta el fin del mandato.
En la terna enviada por Independientes para que el Presidente escoja a su reemplazo, además de Hurtado, aparece el nombre del secretario Privado, Juan David Duque, –quien recientemente estuvo bajo escrutinio público por su papel en el manejo de la caja menor del despacho del alcalde– y el general retirado José Gerardo Acevedo, quien se desempeña como secretario de Seguridad de Medellín.
Esperando el nombre del mandatario que finalmente reemplace a Quintero, así parece escribirse el epílogo de una administración que no solo ha arrojado a Medellín a uno de los momentos políticos más polarizados de su historia, sino que ha visto desplomarse sus índices de aprobación ciudadana.
En la última encuesta de Invamer, el 61,6% de los ciudadanos de Medellín desaprobó la gestión de la administración de Quintero, el porcentaje más alto de esa medición desde que comenzó a aplicarse en 1994.
Asimismo, la ciudad queda en una compleja situación financiera, que se vive con intensidad en entidades como el Hospital General de Medellín, Metrosalud, las universidades del distrito, entre muchas otras dependencias, en donde la bonanza presupuestal del distrito (que a mediados de este año tuvo un presupuesto de $7,9 billones, ajustando la reducción de transferencias de EPM) nunca llegó.
En contraste, la conclusión para un alcalde que durante todo su periodo mantuvo un pie en la política, siendo incluso suspendido por la Procuraduría por hacer proselitismo político desde su cargo en favor del hoy presidente Gustavo Petro, abandona su cargo para montarse a las tarimas de su partido, el mismo que es señalado de beneficiarse de las arcas públicas para mantenerse en el poder y expandirse por el resto del país.
por Antonio Claros | Sep 25, 2023 | Tribuna de opinion
Una de las formas de medir el dinamismo de la economía de un país, es a través de la balanza comercial, es decir, cuánto exportan y cuánto importan.
Por lo general, este indicador se saca por exportaciones totales en un año y con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
En el ranking de exportaciones, son China, Alemania y Estados Unidos los países que tradicionalmente lideran la partida. Mientras que, en el caso de Latinoamérica, los que encabezan la lista son Brasil, México, Chile, Costa Rica y Argentina. Aquí, Colombia y Perú tienen baja participación.
Sin embargo, hay otro indicador que refleja de manera diferencial esto, medido por su población, es decir, sus exportaciones per cápita, que no es otra cosa que la capacidad competitiva y exportadora de un país.
Y en este, Colombia sí se raja todavía más, pues ocupa el último lugar en varios ranking por bloques. Ese ratio de exportaciones por habitante en América Latina, durante el último registro disponible, 2021, fue de US$2.272.
Exportaciones en la Ocde
En este bloque económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, al cual Colombia ingresó como una forma para medirse entre las grandes potencias, el país se ubica en las últimas posiciones.
El país dentro de los 38 de la Ocde con mayores exportaciones anuales per cápita es Luxemburgo, con US$264.693. Luego le sigue Irlanda con US$142.482 de exportaciones per cápita, seguida de Suiza con US$65.656 de exportaciones per cápita.
“Este ranking se parece mucho en posiciones al de bienestar de un país. Las exportaciones per cápita están también determinadas por el tamaño de la economía y los ingresos. De ahí a que países ricos como Luxemburgo lideren”, dijo Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresa.
Los que completan el grupo de los cinco países con mayores exportaciones per cápita de la Ocde son Noruega con US$59.096 y Países Bajos con US$51.863.
En esta lista, Colombia, como se mencionó, figura en la última casilla. Las exportaciones per cápita del país en un año como 2022 fueron de US$1.101, según el promedio con datos del Banco Mundial. Como hallazgo, según Sebastián Trujillo, experto en temas Ocde, Colombia es entonces el país del bloque con menor desarrollo exportador comparado en relación a la cantidad de habitantes.
Al igual, si se compara a Colombia con países de América Latina, donde tiene más semejanza con sus pares en términos del tamaño de la economía, también le va mal.
En bloques regionales como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, el país que lidera es Chile, con US$5.477 de exportaciones per cápita en promedio, seguido de México, US$4.808. Luego sigue Perú con US$2.089 y luego Colombia. El resultado de esto es que, pese a que Colombia tiene mayor población que Perú, este le gana en mayor capacidad exportadora per cápita.
Según Trujillo, esto tiene que ver con que “la capacidad exportadora no depende de qué tanta población haya, sino de la competitividad y productividad de un país”. Agrega que también el país no ha logrado encontrar una verdadera diversificación de la canasta exportadora como Chile y cómo por ejemplo ha comenzado a hacer Perú.
Por ejemplo, en el ranking regional general, Argentina (US$1.882) y Brasil (US$1.617) aparecen en los últimos lugares también junto con Colombia. Esto se explica, según los expertos, a que son países con escaso desarrollo exportador comparado en relación a su cantidad de habitantes.
En el caso de Colombia, dice el analista, su alta dependencia a las exportaciones mineroenergeticos lo afectan en el ranking. Este año, por ejemplo, no ha sido tampoco positivo para el país, pues el comercio internacional está presentando caídas como en pandemia.
por Antonio Claros | Sep 18, 2023 | Tribuna de opinion
Desde hace tres meses, la Marina de Guerra del Perú lidera una operación militar conjunta con la Policía para erradicar cultivos de coca, los cuales, según datos oficiales, superan las 12.000 hectáreas repartidas a los largo de la frontera con Colombia, una línea que se extiende por 1.626 kilómetros.
Los operativos de erradicación se han concentrado en las comunidades de Nueva Esperanza, Urco Miraños, Anguzilla, Iparanga, Puerto Argelia, Yaricaya, Puerto Vélez, Puerto Victoria y El Espejo, y se han vuelto tan tensos que hasta los ranchos de los indígenas han sido quemados por los erradicadores peruanos, como señalan desde las mismas comunidades indígenas.
“Nosotros somos conscientes de que la siembra es ilícita, pero cuestionamos al Gobierno Nacional que desconoce la autonomía de los pueblos originarios sobre usos y costumbres, porque nos han tenido abandonados toda la vida y la erradicación no ha sido consultada, por eso quiero que ustedes vean cómo está conformada una chacra (palabra Kichwa que significa cultivo) del indígena Kichwa, donde hay plátano, yuca, caña y ahí en medio está la coca”, explicó Jaime Conde Chiguango.
Tras la llegada de las intervenciones y los erradicadores, los indígenas de los pueblos Kichwa y Secoya, ubicados a orillas del río Putumayo, al otro lado de la frontera colombiana, denuncian ser víctimas de atropellos y violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública del Perú.
Agobiado por lo que sucede con sus comunidades, Jaime Rolando Conde Chiguango, cacique del pueblo originario Kichwa, de la comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en el Distrito de teniente Manuel Clavero a orillas del río Putumayo, explicó la situación que afrontan los comuneros y campesinos que cultivan coca en esa región.
Cuenta el líder indígena que el aterrizaje de los helicópteros afecta los cultivos de plátano, además de otras acciones que lo único que hacen es perjudicar a las comunidades, sus sembrados y sus vidas.
“Los erradicadores, que son más de 600 hombres, consumen sin permiso lo que hay en la chacra, han quemado ranchos con animales adentro como perros y gatos; menajes de cocina y herramientas de trabajo como motosierras, guadañas y motores fuera de borda; se comen las gallinas, y lo peor, dinamitaron las cochas (lagunas) para matar pescado y gran parte de esos pescados se perdió ahí en las cochas”, aseguró.
Cansados de los atropellos, 300 indígenas, incluidos menores de edad, tomaron una bandera de su país como queriendo gritarles que también son peruanos, y se acercaron a los erradicadores para expresarles que deben parar la erradicación, y crear una mesa de diálogo en la zona, que cuente con delegados del Gobierno.
Según los indígenas, los erradicadores están acabando con la madre tierra y afectando su nivel de vida, y por esta razón, en la mesa se buscaría que el Gobierno de Perú se comprometa con proyectos de desarrollo viables como el pago de una bonificación económica para no deforestar la selva y, además, satisfacer las necesidades básicas que los saque del abandono al que han sido sometidos durante toda la historia.
Abandono estatal
Los indígenas de las comunidades que hoy padecen los abusos de los erradicadores y las consecuencias de la erradicación que afecta sus cultivos y su estilo de vida, aseveran que nunca han tenido el apoyo del Estado peruano.
Para moverse o comercializar sus productos, la única vía con que cuentan es el río Putumayo y el pueblo más cercano en caso de alguna urgencia médica es Puerto Leguízamo, en Colombia. El trayecto de sus comunidades dura ocho horas en una canoa en la que se movilizan 10 personas; pero ese mismo trayecto puede durar hasta dos días si la embarcación va cargada de plátano o de maíz.
Todos ellos, campesinos e indígenas, prefieren ese trayecto y llegar a este municipio del Putumayo porque allá en Soplin Vargas, el pueblo peruano en el que viven, no cuentan con un hospital de primer nivel básico en salud.
La educación también se ha quedado rezagada. Para las comunidades solo hay una escuela y un colegio construido con techo de hojas de palma y piso en tierra hasta donde llegan los niños de la comunidad Secoya descalzos, vestidos con túnicas y en medio de un calor infernal de 33 grados centígrados bajo una selva húmeda.
Sin acueducto, los comuneros se surten del agua del río Putumayo, y en cuanto a las comunicaciones, están casi aislados por la falta de infraestructura. No hay proyectos productivos, la comercialización de sus productos es casi nula y paradójicamente no se ve el sol, hablando del dinero peruano, sino que circulan los billetes de Colombia.
Con este panorama, el pasado 23 de agosto arribó a este territorio en medio de la selva de la Amazonía peruana Luis Celis, asesor del congresista peruano Juan Mori, y se reunió con varios líderes de los indígenas y campesinos.
Los habitantes de esta región fronteriza con Colombia le entregaron un documento dirigido a la presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra, en el que denuncian el abandono estatal, rechazan la erradicación forzada y piden una negociación directa en la zona.
“¿Por qué gastamos en balas y represión social y no en seguridad alimentaria del más desprotegido e indefenso?”, cuestiona la misiva que esperan llegue a manos de Boluarte y sea atendida para sentirse escuchados y dejar de lado siglos de abandono y represión.
Riesgo de desplazamiento
Entre los cultivadores de coca en la frontera colombo-peruana hay por lo menos unos 4.000 campesinos colombianos, ubicados en la zona de Güepí y Soplin Vargas.
Las acciones de erradicación los predispone a un desplazamiento hasta el municipio de Leguízamo, Putumayo, generando una crisis humanitaria y el municipio colombiano no tiene la capacidad para atender tanta gente.
Puerto Leguízamo también adolece de falta de servicios básicos como salud, y el hospital María Argelines no cuenta con equipos biomédicos ni el personal suficiente para atender una inminente confrontación entre campesinos y Fuerza Pública peruana por la erradicación.
Previendo esa situación, el 7 de septiembre pasado la asociación de juntas comunales de Leguízamo, Asojuntas, le entregó un documento al gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero, en la que advierte la amenaza de desplazamiento masivo, no solo de colombianos, sino también peruanos que llegarían a esta localidad fronteriza. Le piden que se dé a conocer al gobierno colombiano, para que las instituciones del orden nacional hagan presencia inmediata en Leguízamo.
La situación amerita una atención oportuna de todos los niveles, y ojalá entre los dos países, para evitar una crisis humanitaria en la que los que pierden son los indígenas y los campesinos.
Cultivos han crecido en Perú
En el último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, el representante para Perú y Ecuador de esa oficina, Antonino De Leo, “resaltó los niveles récord de producción de cocaína y el aumento de su consumo. Aunque la superficie de cultivo de hoja de coca se mantuvo estable, la producción de cocaína aumentó un 11% entre 2019 y 2020 alcanzando un máximo histórico de 1982 toneladas en 2020. El tráfico en vía marítima está en aumento y casi 90% de la cocaína incautada a nivel mundial en 2021 fue traficada en contenedores y/o por mar”, como reseñó UNODC.
por Antonio Claros | Sep 11, 2023 | Tribuna de opinion
El miedo se tomó este domingo el municipio de Jambaló, Cauca, luego de que las disidencias de las Farc saquearan del Banco Agrario de la localidad al norte del departamento.
Los guerrilleros dejaron la sede de la entidad financiera del Estado totalmente destruida, además, se llevaron el cajero automático y todo el dinero alojado en el banco.
“Rechazamos y condenamos el ataque contra las instalaciones del Banco Agrario en Jambaló, Cauca, en la madrugada de este domingo. Delincuentes explotaron la oficina y el cajero automático, instalaciones al servicio de la ciudadanía. No se reportan víctimas, afortunadamente”, fue el primer reporte lanzado por el banco a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Horas después, la entidad bancaria aseguró que estaban “en verificación si pudieron extraer más dinero, que pertenece a los ciudadanos y son los mas afectados por este lamentable hecho”.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mujica, fue la primera integrante del Gobierno de Gustavo Petro que se pronunció sobre el saqueo que le atribuyó a la columna Dagoberto Ramos de las disidencias.
“Rechazamos y condenamos el ataque a esta población civil, y a la Policía, que resistieron este feroz ataque. Exigimos reforzar seguridad y nos solidarizamos con el personal del banco y con la comunidad, evaluamos alternativas para restablecer servicios”, expresó la funcionaria.
Medios locales señalan que el ataque contra el banco se presentó en medio de un enfrentamiento entre la estructura y las Fuerzas Militares, que habría iniciado a las 4:30 de la mañana de este domingo.
Al parecer, decenas de integrantes de las disidencias se tomaron las calles de Jambaló, afectando comercios, viviendas y la sede del banco. Extraoficialmente se conoció que la estación de Policía del municipio también fue hostigada; sin embargo, la institución no se ha referido al respecto.
El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, sostuvo al diario El País de Cali que el ataque habría sido en respuesta a la retoma del Cañón del Micay por parte de las Fuerzas Militares, las cuales vienen realizando una ofensiva militar en el departamento.
Entre tanto, la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, rechazó el ataque y aseguró que los usuarios que reciben la Renta Ciudadana se verán afectados por el saqueo de la entidad que entrega dicho subsidio.
“Total repudio al ataque al Banco Agrario en Jambaló. Varios usuarios de Renta Ciudadana se están viendo afectados por esta situación, en este momento estamos evaluando con Banco Agrario una caja extendida para dar solución lo más pronto”, indicó la directora del DPS.
Hasta el momento continúa el despliegue de operaciones militares por parte de tropas del Ejército en la zona urbana y rural de Jambaló luego del ataque armado.
por Antonio Claros | Sep 4, 2023 | Tribuna de opinion
Una “pequeña cuota” que se cargaría al recibo del servicio de energía para ofrecer transporte gratuito en el país, fue la iniciativa que planteó este fin de semana el presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X.
“Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas”, anotó el mandatario.
Igualmente, sostuvo que las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. Y que no moriría gente evadiendo los controles. No habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público.
Aunque no especificó el monto de la cuota ni qué pasaría con los contratos que actualmente están en vigor con los operadores de los sistemas de transporte, el mensaje señaló que se podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente y se acabaría con la evasión. “Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes”, agregó.
En cuatro horas la propuesta contabilizó más de 4.100 respuestas a favor y en contra, 3.100 reposteos y 7.890 “me gusta”. Pero, ¿qué viabilidad tiene?
Ligereza
Camilo García, director de la Comisión de Transporte de Pasajeros de la Cámara Interamericana de Transportes, manifestó que esta es una posibilidad que se ha debatido en la academia por años, y que existen ciudades pequeñas e intermedias en el mundo que cuentan con un servicio de transporte gratuito, que no son comparables con Bogotá, Medellín o Bucaramanga.
No obstante, explicó que la sostenibilidad de la idea es compleja y atarla a la prestación del servicio de energía en la actual coyuntura, cuando el costo está subiendo (13,87% es la inflación de la electricidad anualizada), dificulta más su viabilidad.
Para García tampoco hay claridad sobre la política energética del Gobierno y reina la incertidumbre sobre qué va a pasar con Ecopetrol y el sistema energético o los problemas que hay con respecto a los prestadores, las hidroeléctricas y generadoras térmicas que no han sido resueltos. “Esta idea lo que hace es meterle más presión a un sector (energético) que en este momento está amenazado y puede sufrir un colapso”.
La nueva cuota en el recibo de la luz se sumaría al cobro que se inició el mes pasado en virtud de los decretos expedidos por el Gobierno para resolver la emergencia social y económica en La Guajira, y que aplica en todo el país para usuarios de estratos 4, 5 y 6 ($1.000 por factura) y para los usuarios comerciales e industriales ($5.000).
Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, considera que estar sería otra carga que sumada a la del decreto “aporte para la Guajira” empeora la situación de los usuarios. Y si ese recurso va a financiar proyectos de transporte público masivo, ¿cuál sería la gratuidad del pasaje en los buses? “De otra parte consideramos que es una decisión ilegal, pues de acuerdo con la Ley 142 de 1994, la factura de energía eléctrica se elabora con una medición del consumo para que el elemento principal del precio que pagamos por el servicio sea ese consumo. Es decir que con esa idea del Gobierno se facturaría un elemento ajeno al consumo”, dijo Gaviria.
